Un expediente administrativo derivado de una investigación interna del Cabildo de La Palma, ordenada por la Consejería de Infraestructuras, ha confirmado la comisión de presuntas irregularidades económicas en varias obras de asfaltado adjudicadas y ejecutadas en varios puntos de la Isla, según recoge el medio digital ElTime.es. El expediente, una vez concluido, se prevé enviar ahora al juzgado competente para que se depuren responsabilidades penales ante las evidencias de la posible existencia de fraude, malversación de fondos públicos y la presunta comisión de cohecho.
La investigación fue impulsada por el propio Gobierno de la Institución palmera tras la existencia de sospechas iniciales y pruebas posteriores de que los contratos adjudicados, pagados y con obras certificadas con aval técnico de “correcta ejecución” no cumplían los pliegos concertados ni se correspondían en ejecución material con el valor económico otorgado a las mismas en esos contratos.
En concreto, se ha contrastado la “incorrecta” ejecución de varios contratos licitados y firmados con la misma empresa constructora para el asfaltado de varios tramos de carretera en El Time, Las Angustias y la costa de Tijarafe. Contratos que, según ha podido confirmar ElTime.es, ascienden a más de 1,4 millones de euros. Estos asfaltados, tal y como concluye el estudio técnico y las catas hechas, “no se realizaron en las condiciones contratadas, con la colocación de menos material (asfalto) del pagado y certificado en la finalización de las obras”.
Se estiman cifras de “ahorro irregular” de más de la mitad del valor de la obra. Esto es unos 800.000 euros por debajo en ejecución material. Así, según las catas realizadas en varios tramos de carreteras, “se asfaltó menos de la mitad de lo contratado”. Sin embargo, esta merma irregular no se recogió en ningún documento técnico que velara por el buen uso del dinero público previo a la recepción oficial de las obras.
Concluida la investigación administrativa ordenada desde el Gobierno del Cabildo, se valora el envío del expediente a la autoridad judicial en los próximos días, tal y como han confirmado fuentes políticas de la Administración palmera a ElTime.es. Por el momento, ni desde la Consejería de Infraestructuras, como impulsora del expediente, ni desde la Presidencia, se han realizado valoraciones públicas al respecto de un procedimiento que se ha alargado varios meses.
Hay que recordar que en este tipo de adjudicaciones de obra pública se pueden dar responsabilidades tanto a nivel técnico como por parte del contratista que asume las condiciones de la licitación.
La posible gestión desleal del patrimonio público conlleva, según el código penal, posibles delitos de fraude en la ejecución de contratos públicos, malversación de fondos públicos (delito de apropiación indebida) y de cohecho (actuar con objetivos ajenos a la misión pública encomendada, en provecho propio o de tercero).
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