Diario de Avisos/EFE
Ayer, 67 migrantes subsaharianos fueron rescatados en alta mar por el Guardamar Talía para ser trasladados al puerto tinerfeño de Los Cristianos. Puede que 12 sean menores. Aparentemente, todo el grupo estaba en buen estado de salud, según José Luis Camisón, coordinador de Cruz Roja del Sur de Tenerife. Sin embargo, muchos no tienen la misma fortuna, como explicó ayer el colectivo Caminando Fronteras después de alertar a las autoridades al mando del dispositivo de rescate de pateras en Canarias de que puede haber seis embarcaciones con 274 personas perdidas en la ruta atlántica desde julio.
Esta ONG traslada a los servicios de emergencia españoles casi a diario alertas sobre la salida de pateras hacia Canarias desde una vasta franja de costa que se extiende desde Marruecos hasta prácticamente Senegal, una información que ayuda a su rescate. Y casi a diario también, recibe llamadas de familiares de quienes van a bordo de esas embarcaciones, sobre todo cuando las horas y días comienzan a pasar, no hay noticias de que hayan desembarcado o hayan sido rescatados y los móviles de quienes intentaban llegar a Canarias han dejado de dar señal.
Según explicó la portavoz del colectivo a EFE, en este momento tienen llamadas de familiares de tres pateras, dos cayucos y una lancha neumática en las que iban 274 personas de las que no hay noticia alguna. Entre ellas, al menos nueve niños.
La primera de ellas, por orden de antigüedad en la fecha en la que supuestamente partieron hacia Canarias, es un cayuco que salió el 22 de julio de Nuadibú, en el norte de Mauritania, con 49 hombres a bordo. La primera alerta sobre esa embarcación se recibió dos meses más tarde, el 21 de septiembre, y no se sabe aún nada de ellas. La segunda corresponde a un patera que presuntamente zarpó el 16 de septiembre desde Tarfaya (Marruecos) con doce hombres a bordo, seis magrebíes y seis subsaharianos. Su alerta se activó el día 18. La tercera es una patera que se hizo al mar el 23 de septiembre desde Dajla, en el sur del Sahara, con 31 personas, entre ellas cuatro mujeres y un niño. La cuarta también partió supuestamente el 23 de septiembre, aunque mucho más al sur, desde Senegal. Se trata de un cayuco con 70 hombres a bordo, de cuya salida se recibió aviso el 1 de octubre. La quinta es una embarcación neumática de la que se cree que salió el 24 de septiembre unos 50 kilómetros al sur de El Aaiún con 59 personas a bordo, entre ellas diez mujeres y dos niños. Y la sexta corresponde a una patera con 53 personas a bordo, entre ellas 24 mujeres y seis niños, que presumiblemente zarpó hacia Canarias desde Dajla el 30 de septiembre. El aviso se dio el 1 de octubre.
La ONG asegura que ninguna de esas embarcaciones concuerda por su número de ocupantes, reparto de sexos y lugares de origen con las pateras y cayucos que han sido rescatados en las últimas semanas en Canarias.
Tampoco les consta que hayan sido interceptadas por las Marinas de Marruecos o Mauritania. Y remarcan que son los propios familiares de sus ocupantes los que siguen llamando por la falta de noticias sobre qué les ha ocurrido.
La ruta atlántica es la más peligrosa. En 2019 se dejaron la vida 357 personas, según la Organización Internacional de Migraciones: mientras cruzar a Europa por el Estrecho de Gibraltar supone de 15 a 30 kilómetros se recorrido, hacerlo desde Tarfaya (Marruecos) a Fuerteventura implica algo más de 100. También hay un trecho largo desde Libia a Lampedusa (Italia), 300 kilómetros, pero pretender llegar desde Gambia a Canarias representa un mínimo de 1.800 kilómetros de navegación (equivalentes a ir de Madrid a Berlín en línea recta), costeando hasta Dajla y luego enfilando al norte.
Las llegadas continúan
Aun así, los viajes continúan. Los 67 de ayer se suman 6.584 que han llegado en lo que va de año. Una cifra que multiplica por seis al número de personas que habían llegado a las islas por estas fechas del año pasado. Un dato que contrasta con lo que ocurre en el conjunto de España, donde la llegada total de migrantes a España por vía marítima y terrestre ha descendido un 17 %.
También ha aumentado sustancialmente el dispositivo de acogida en las islas, desmantelado en la última década tras la baja afluencia migratoria. En octubre del año pasado, había apenas 96 plazas de acogida, según datos de la Delegación del Gobierno. A finales de año, ya rondaba las 650, según se publicaba en un artículo en EL PAÍS. Hoy son 3.500 plazas autorizadas por el Ministerio de Migraciones, a las que hay que sumar las 895 para menores, tutelados por la Comunidad Autónoma, frente a las 400 que había en noviembre de 2019 para este grupo. Eso significa, según cálculos de este periódico, que unos 2.900 migrantes de los que ha llegado a Canarias este año no se encuentran en plazas de acogida de las islas. Según fuentes conocedoras de la cuestión migratoria, una parte importante podrían haberse desplazado a la Península ibérica. La Delegación del Gobierno no da cifras concretas sobre el número de derivaciones. Pero se producen.
Esta es una cuestión importante que reclaman con insistencia desde el Ejecutivo autonómico, que pone como ejemplo lo que se hizo durante anteriores periodos de repunte migratorio, como la legislatura del 2003 al 2007, con Adán Martín de presidente canario, cuando Canarias recibió a 85.000 migrantes. El Gobierno canario ha advertido reiteradamente que el archipiélago, que es la frontera sur de la UE, no va aceptar una situación como la de Lesbos, convertida de facto en una especie de fortín donde viven miles de refugiados que llegaron huyendo de conflictos como la guerra de Siria.
Toda esta situación coincide con la reciente aplicación de una sentencia del TJUE del pasado junio que ya empieza a resonar entre jueces, fiscales y abogados canarios y que permite a un migrante que huya de un conflicto bélico en su país o se sienta perseguidoallí por motivos religiosos, políticos, étnicos o de orientación sexual, solicitar la protección ante el juez de instrucción que antes simplemente decretaba su ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros, donde luego podía gestionar su solicitud con la policía. La sentencia deja bien claro también que un CIE no es el lugar al que debe ir un solicitante de asilo, pues la restricción de libertades es una medida extrema que hay que evitar.
