PP y CC piden que el muro de La Montaña sea de interés público

Los grupos del Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC) se han unido para elevar tanto al Pleno del Ayuntamiento de Los Realejos como del Cabildo de Tenerife, una moción para declarar de interés público de ámbito insular el muro colindante con la TF-333 en La Montaña, y poder acometer así los trabajos de retranqueo de tres metros propuesto por el Cabildo cumpliendo con la Ley de Carreteras de Canarias, que están paralizados desde abril.

Esta declaración daría solución a las molestias que sufren desde hace casi un año vecinos del municipio y de otros aledaños, y pondría fin a la discrepancia jurídica que tienen ambas administraciones. En este sentido, conviene recordar que el Consistorio interpuso una demanda en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con el objetivo de que se determine de una vez por todas la ubicación de este “muro de las lamentaciones”.

Así lo definió ayer el alcalde realejero, Manuel Domínguez, quien presentó la iniciativa en la plaza de La Montaña, acompañado por la portavoz del PP en el Cabildo, Zaida González; la portavoz adjunta de CC, Verónica Meseguer, y los portavoces municipales de ambas formaciones políticas en el municipio, Adolfo González (PP) e Isabel Pérez Expósito (CC).

“Le estamos dando a la ciudadanía un ejemplo de política, que es unir fuerzas para buscar soluciones y para este caso existen al menos cuatro”, dijo Domínguez.

La que PP y CC propusieron ayer permitiría que el muro se colocase a tres metros de retranqueo y se obvie la alineación que se recoge en el Plan General de Ordenación (PGO) de Los Realejos. Eso llevaría a tener “un camino cierto” aunque por el medio habría que tomar medidas cautelares temporales que garanticen la seguridad, no haya escorrentías, no se invada la carretera con las piedras que hay en el lugar y permita la circulación. “Todo ello agilizaría las cuestiones administrativas porque permitiría llegar al objetivo que es el retranqueo, tal y como definió el Cabildo en un primer momento”, dijo Domínguez, quien sostuvo que “no se puede condenar a los ciudadanos y a quienes vienen a visitarnos y a trabajar en el municipio ni un día más por un muro para el que no se encuentra una solución, simplemente porque existe discrepancia jurídica entre los técnicos de ambas administraciones”.

Zaida González, por su parte, dijo que esa solución “consensuada” viene de la mano de la Ley del Suelo que permite que el Cabildo pueda declarar de interés general el muro y ello modificaría el PGO. “El motivo de hacerlo así y no de otra manera es que el área de Carreteras solicita que el Ayuntamiento firme una licencia para la cual no tiene autorización y que sería ilegal porque está en contra de su propio PGO”, explicó.

En este sentido, Manuel Domínguez dejó claro que “no firmará ni un solo documento que tenga un reparo” y por eso ha optado por acudir a los tribunales. “No para que me den la razón ni buscar bronca o confrontamiento, sino para que un tercero -el juez- defina dónde debe ir el muro”, precisó.

Verónica Meseguer sostuvo que la Corporación insular “tiene la competencia y la capacidad para arreglar la situación y hay vías jurídicas para hacerlo”. Por eso le pidió al consejero de Carreteras, Enrique Arriaga, que “vele por los intereses de los tinerfeños, deje de lado sus guerras particulares para que el Cabildo, ejecute las obras y ofrezca una solución definitiva”.