Las débiles costuras que a duras penas sostenían al servicio de acogida de los inmigrantes llegados en patera a Canarias saltaron ayer por los aires tras una orden del Ministerio de Interior que, durante la tarde, liberó a 227 personas (todas de origen magrebí) de las retenidas en el saturado campamento provisional ubicado en el muelle de Arguineguín (Mogán, Gran Canaria). La decisión, desconocida por las autoridades canarias y que se sospecha (como expresó el juez Arcadio Díaz Tejera) pudo proceder de algún mando en las Islas, tuvo como reacción fulminante que la alcaldesa de Mogán, Onelia Bueno, sufragase con fondos municipales varias guaguas que dejaron a estas personas en la plaza de La Feria de la capital grancanaria, donde se encuentra la sede de la Delegación del Gobierno en las Islas y el Consulado de Marruecos. Tan inesperada medida, adoptada en un día infernal en las carpas del muelle grancanario, donde ayer llegaron a congregarse más de 2.500 personas, agotó la paciencia del Gobierno de Canarias, así como la de los partidos de la oposición, La clave radica en que Interior no solo no alertó a las autoridades canarias acerca de sus planes, sino que tampoco lo hizo con otros departamentos del Ejecutivo estatal, como el Ministerio de Migraciones, que anoche se preocupaba de dar cobijo a estas personas. Sin embargo, fue el Ejecutivo autonómico el que, junto a Cruz Roja, hizo posible un dispositivo para albergar al centenar sin recursos propios en la Isla para no pasar la noche al raso.
Mientras desde la Delegación del Gobierno se guardaba silencio, Interior se limitó a recordar en un comunicado que la legislación española no permite retener a los inmigrantes irregulares que no sean derivados a un centro de internamiento de extranjeros más allá de 72 horas, plazo en el que se les toma la filiación y, en el contexto actual de pandemia, se les hacen las pruebas de COVID. Solo en caso de haberse dictado sobre ellos una cuarentena o una restricción de movilidad por razones sanitarias se les podrían impedir abandonar el campamento de Arguineguín tras las 72 horas, añaden las mismas fuentes. Sin embargo, tanto HRW como el juez Díaz Tejera han denunciado que cuentan con testimonios directos de personas que han pasado en el muelle hasta 24 días, durmiendo sobre el suelo.
El enfado en el Gobierno de Canarias se personifica en su presidente, Ángel Víctor Torres, quien se mostró contundente a través de su cuenta oficial de Twitter: “Reclamamos [al Ministerio del Interior] desde el Gobierno canario se aclare lo ocurrido y que no vuelva a suceder”, subrayó.
Desde PP a Podemos en las Islas, las críticas al Ministerio fueron especialmente duras.
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