No es un caso único en España ni en Europa, pero sí en Canarias. La pandemia de la COVID-19 se ha descontrolado en Tenerife, donde han fracasado las mismas medidas que sirvieron para frenar la segunda ola en Gran Canaria, por mucho que se echasen de menos más rastreadores en su momento. Lo cierto es que la transmisión del coronavirus es hoy comunitaria en la Isla, lo que arroja balances como el conocido ayer sobre la mortalidad que genera entre nuestros mayores. Solo en 24 horas fallecieron siete personas, cuatro hombres y tres mujeres, todas ellas con edades comprendidas entre 65 y 94 años, y seis de las mismas en Tenerife.
Ello, inevitablemente, hace que las medidas preventivas no solo no disminuyan, sino que aumenten, por mucho que no parece probable que se vuelva a un confinamiento total.
Para hoy esta prevista una cumbre inédita (que DIARIO DE AVISOS solicitaba en su edición de ayer en una editorial) con la presencia del Gobierno de Canarias (a través de su consejero de Sanidad, Blas Trujillo), el propio presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y los alcaldes de toda Isla.
Sin duda, se trata de una previa decisiva para lo que suceda en el consejo del gobierno autonómico previsto para el próximo jueves, en el que se tomarán, obviamente, medidas aún más restrictivas para frenar los contagios, entre las que pueden figurar, por ejemplo, que el toque de queda comience a las diez de la noche, o que los comercios vean limitada su actividad.
Si algo ha quedado claro con el constante aumento de positivos en Tenerife y los funestos brotes surgidos en residencias de ancianos insulares es que se ha pasado de mensajes como “Salvar la temporada turística de invierno” o “Salvar la Navidad” a, sencillamente, el deseo de salvar vidas.
Otras de las medidas que se contemplan también incidirían en el día a día de los tinerfeños, como mayores controles en los fines de semana (ojo al posible cierre de la restauración a las seis de la tarde en sábados y domingos, como ya se ha determinado para Mallorca), el aumento de las sanciones económicas para los incumplidores e, incluso, la exigencia de una prueba de antígenos o PCR para viajar a otra isla del Archipiélago.
De momento, la Universidad de La Laguna ya ha suprimido tanto clases como exámenes presenciales, con lo que ello conlleva de disminución de calidad del nivel de la enseñanza superior.
De resto queda la enésima llamada de atención a la ciudadanía, al fin y al cabo la principal perjudicada por estos hechos, no solo desde la perspectiva de la salud, sino también en la económica. Un riesgo, encima, que se extiende a toda Canarias.
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