Hoy se celebra el Día de las Personas con Discapacidad, una jornada en la que las distintas organizaciones que representan a este colectivo reclaman la inclusión y la accesibilidad universal. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) exige que estén presentes en la reconstrucción social y económica al ser uno de los grupos sociales “más castigados” por la pandemia.
Han experimentado multitud de violaciones de sus derechos en esta crisis, “el lado oscuro de lo que nos ha tocado vivir estos meses y de su alargada sombra para los próximos”.
Por tanto, Cermi demandó la creación en los Presupuestos del Estado de un Fondo de rescate de emergencia para la discapacidad, dentro de uno más global para todo el tercer sector. El movimiento social de la discapacidad también pidió un nuevo marco estatal para la inclusión laboral con el fin de aumentar la tasa de empleo hasta el 50%, lo que supondría crear “más de 200.000 nuevos empleos dignos y decentes”.
Entre sus peticiones también se aboga por “acabar con la hostilidad del entorno hacia las personas con discapacidad” y lograr la “accesibilidad universal en todos los entornos”. Según afirma el Cermi, la transformación digital de las estructuras, los procesos y la vida social no puede hacerse “expulsando” a las personas con discapacidad, “ha de ser accesible, asequible y sensible con la diversidad humana”.
Otra de las medidas que exige es “contar con los apoyos suficientes y efectivos para extender la autonomía personal, y hacer realidad la vida independiente”, con “apoyos reales, suficientes e individualizados en todos los entornos de la vida del discapacitado” y la creación de “un espacio sociosanitario, proveedor de bienestar y red de soporte, que garantice unas condiciones dignas de vida”.
Canarias, a la cola
La Discapacidad en Canarias ha tenido un camino lleno de curvas y espinas debido al poco interés de las administraciones públicas en mejorar sus condiciones.
La presidenta de Cermi Canarias, Carmen Laucirica, recordó que “con poquito que hagamos como sociedad”, se puede conseguir que las personas con discapacidad “dejen de ser concebidas como de segunda categoría” y puso el énfasis en apostar por la accesibilidad universal.
La Consejería de Derechos Sociales ha reforzado sus políticas de discapacidad para paliar su histórico abandono, incrementando, el coste de plaza/día para atención residencial y centros de día, una partida de nueve millones para sufragar parte del transporte a los centros que soportan Cabildos y ONG, una ayuda de 250 euros para las casi 27.000 personas con pensiones no contributivas por discapacidad o las ayudas directas para cubrir gastos extra de la crisis. Sin embargo, todavía queda muchísimo por hacer.
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