En 2005, cerca de una treintena de familias se vieron afectadas por la construcción del viario del barranco de Santos, a las que el Ayuntamiento de Santa Cruz expropió sus casas y solares con la promesa de construir un edificio nuevo en el que alojarlas. Mientras eso pasaba, el Consistorio les pagaría el alquiler. Después de 25 años, el edificio nuevo no existe, y cuatro familias siguen pendientes de llegar a un acuerdo con el Consistorio capitalino para que les sigan pagando la renta, les consiga un piso nuevo, tal y como se comprometió en su momento, o las indemnice por incumplir su compromiso. Con el dinero pagado en alquileres, más de 1,1 millones de euros, se podrían haber construído varios edificios, tal y como reconoce el actual concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, quien se ha propuesto poner fin a esta anacrónica situación intentando llegar a un acuerdo con esas cuatro familias, como ya se ha logrado con otra decena en el mandato pasado, y, si no es así, “pagar una indemnización o el justiprecio que se considere por no haber cumplido con el acuerdo”, explicó el edil en la presentación de los Presupuestos de su área. Estima Tarife que la posible indemnización estaría en torno a los 450.000 euros, dinero que no está en el Presupuesto, pero que buscaría en caso de llegar a un acuerdo. Lo que sí están recogidas son las partidas para seguir pagando los alquileres. El edil confía en que esta situación se solvente en el primer trimestre.
En cuanto a los Presupuestos del área de Urbanismo, han sufrido un recorte considerable, pasando de los 13,4 millones de este 2020 a los 9,6 del próximo año, una caída que se notará sobre todo en el apartado de inversiones, que se ha visto reducido el 59%. “A pesar de este recorte, lo cierto es que la mayoría se corresponde con las partidas destinadas a expropiaciones que había en el PGO de 2013 y que, al ser anulado, ya no se van a llevar a cabo”, explicó el edil.
El resto de cuestiones presupuestadas tienen que ver, fundamentalmente, con el planeamiento. Así, detalló el también edil de Bienestar Animal que “el Plan Especial de El Toscal cuenta con una partida de 6.000 euros para actualizar el estudio de impacto ambiental, tal y como nos ha pedido el Cabildo”.
Los otros dos conjuntos históricos siguen a la espera de resolver su adaptación a la nueva Ley de Patrimonio de Canarias, para la que Urbanismo ha dispuesto una partida de 270.000 euros.
Otra de las patas de la actividad de la Gerencia será el Santa Cruz Verde 2030, es decir, el desmantelamiento de la Refinería. “Incorporaremos a la mesa de trabajo a Gobierno de Canarias y Cabildo, en la que nuestro principal papel será el de impulsar la descontaminación de los terrenos y la de definir el instrumento urbanístico con el que ordenaremos esos 573.000 metros cuadrados.
Añaza
La demolición del hotel de Añaza no está dentro del Presupuesto de la Gerencia de Urbanismo para el próximo año, pero la intención de Tarife es que en 2022 se pueda iniciar la licitación para redactar el proyecto de su derribo. “Buscaremos financiación tanto del Cabildo como del Gobierno de Canarias para poder llevarlo a cabo”, explicó.
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