ACZA tiende la mano a las empresas de Aridane para solicitar un cribado

La Asociación de Comerciantes Zona Abierta (ACZA) de Los Llanos de Aridane ha tendido la mano a las empresas que no están adheridas a la entidad para facilitarles información de cómo participar en el cribado que el Área de Salud de La Palma tiene previsto efectuar en el casco de la localidad. En concreto, desde la organización señalan que la crisis sanitaria “es una responsabilidad social” y que “debemos ayudar en todo lo necesario a cualquier empresa que lo necesite”, con independencia de que esté afiliada o no.

En este sentido, también aclaran que, frente a las informaciones publicadas por otros medios de comunicación en las que se apuntaba a una baja participación en esta iniciativa de pruebas masivas de COVID-19 por parte de los comercios, son varios los que han tramitado su solicitud ante la Consejería de Sanidad y que están esperando que les den cita. Aunque, asimismo, reconocen que han existido retrasos debido a que se ha querido respetar la normativa de protección de datos.

“El pequeño comercio ha sido uno de los más castigados por esta pandemia, y ha intentado cuidar sus empresas y clientes con todas las medidas establecidas, por eso ha mostrado su compromiso a participar de manera voluntaria”, precisaban desde ACZA. De igual manera, defendían estar dispuestos a colaborar con cualquier otra asociación que lo requiera, “pero sería necesaria una mayor coordinación y gestión de las propuestas donde tenga que intervenir”. Y concluyen afirmando que su objetivo es “informar, defender y apoyar a las empresas” en todos aquellos aspectos que les atañen.

VACUNAR A LOS ABOGADOS

Otra entidad que también se pronunciaba ayer en la Isla sobre la pandemia era el Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, que solicitaba al Gobierno de Canarias que se equipare en la campaña de vacunación a los miembros del turno de oficio con los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una instancia que, según informó el organismo, “ha solicitado formal y expresamente” a la Administración, haciendo referencia también a los abogados que asisten a las víctimas de violencia de género.

“Los y las profesionales del derecho no solo llevan a cabo una labor constitucional esencial, sino que garantizan un derecho fundamental, como es el derecho de defensa del ciudadano, prestan una labor que no ha cesado en ningún momento de esta pandemia y ello, en la mayoría de las ocasiones, viéndose obligados a hacerlo sin contar con las mínimas medidas de seguridad e higiene”, reconocen los colegiados.

Por todo ello, el Colegio, presidido por Juan Antonio Rodríguez Rodríguez, ha pedido que, una vez se inicie la vacunación de las FCSE “y demás personal adscrito a los centros de detención, juzgados y centros penitenciarios, se proceda simultáneamente y en igualdad de condiciones a vacunar a todos aquellos letrados y letradas que realizan las funciones de guardia y asistencia al detenido, así como a cuantos prestan los servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria”