Miran al mar, en la playa de Martiánez todo el tiempo. Les recuerda la decisión que tomaron hace unos meses, con la esperanza de un futuro mejor, un trabajo, y la tristeza de dejar atrás su familia y su pasado.
Una realidad que les queda cada vez más lejos a unos 360 migrantes alojados en un hotel del Puerto de la Cruz ante el inminente traslado -está previsto que sea entre hoy y mañana- de 180 al campamento de Las Raíces, entre ellos, una decena de menores, con lo que se cometería “una gran injusticia”, según denuncia un grupo de monitoras de la ONG que estuvo trabajando con ellos desde su llegada al municipio.
Cuando terminó el contrato con la institución, la vinculación afectiva que se creó entre ellas y los chicos “fue tan grande” que quisieron seguir a su lado apoyándolos y ayudándolos.
En primer lugar, advierten de que muchas de estas personas alojadas desde el viernes en un establecimiento en la Avenida Betancourt y Molina son menores de edad pese que al llegar a la Isla y no entender bien el idioma “se les fichó como mayores”. Además, a ninguno de ellos se les hizo la prueba correspondiente “porque nosotros estuvimos con los chicos todo el tiempo”, certifica Patricia López Perdigón, una de las pedagogas.
Una prueba que no es necesario hacer según una abogada que colabora con ellas, “si se tiene la partida de nacimiento que acredita que son menores de edad, como es el caso de muchos de ellos”, afirman. Además, añaden, “la prueba tiene un error de cuatro años y eso hay que tenerlo en cuenta”.
A ello se le suma que el médico forense que las realiza “no está acostumbrado a tratar con ciudadanos de raza negra sino con caucásicos” y por lo tanto, no tiene en cuenta las peculiaridades étnicas.
Otros, llevan más de tres meses con un expediente abierto y una documentación que no llega. ¿Qué hace la Fiscalía de Menores?”, se pregunta.
Además de Patricia, están Diana González Carballo, Conchi Castro y Andrea. No los dejan solos al verlos preocupados ante la posibilidad de que sean derivados a Las Raíces porque saben los conflictos que se producen en el campamento “y ellos no están preparados para ese tipo de centro. Algunos son niños y tienen miedo”, asegura Diana.
La monitora, que acude todos los domingos con sus compañeras a llevarles ropa, comida y a ver cómo están a otros migrantes con los que trabajaron, sostiene que los problemas que surgen allí son consecuencia de las diferencias de etnias que conviven, nacionalidades que no suelen congeniar, como por ejemplo, marroquíes y senegaleses, y lo más importante, que no han contratado traductores que puedan hablar con los abogados, con lo cual se crea un problema de comunicación entre los chicos y el personal.
Hay errores no solo de edad sino del país de procedencia. Cuenta Diana que hay chicos a los que han fichado como ciudadanos de Senegal y en realidad son de Gambia. “El 24 hay un un vuelo de deportación a Senegal ¿Qué pasa si a uno de ellos lo dejan en el país equivocado?” se cuestiona.
“Ellos dicen que si se van a Las Raíces se van a la guerra. Se les ha prometido que los van a llevar a un centro de menores, que les cumplan las promesas que se le han dado”, insiste.
Uno de estos menores es ABC, el nombre ficticio que eligió uno de ellos para contar su historia. Llegó hace cuatro meses “en bote”, después de un viaje que duró una semana y que fue muy difícil porque solo le daban un vaso de agua al día y nada de comida. ABC tiene 9 hermanos y él es el mayor. Quiere dedicarse a la pesca, que es lo que hacía en Senegal, pero con un sueldo que apenas le alcanzaba para comer.
Ousmane, también nombre ficticio, es un año menor que su compañero. En Senegal vivía con su abuelo “que es muy viejo” porque su padre volvió a casarse y su mujer no le gusta. Su deseo es poder trabajar en un barco porque es submarinista, dice. Fue él quien saltó en nombre de todos cuando les comunicaron que iban a llevarlos a Las Raíces. “Hace hace mucho frío, hay mucha gente y muchos problemas. No podemos ir ahí”, dice chapuceando el español.
Si finalmente se comprueba que estos chicos son menores de edad las consecuencias pueden llegar hasta la ONU ya que existe un precedente en Tenerife del traslado improcedente de un menor que fue condenado por el organismo internacional.
Precedente
Fue el 29 de enero cuando el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas aprobó un dictamen en el que condena a España por las “violaciones [de derechos] sufridas” por un ciudadano gambiano que declaró ser menor de edad cuando llegó en cayuco al Puerto de Los Cristianos el 28 de octubre de 2018.
Pese a ello, fue internado en el llamado ‘CITE de Playa de Las Américas’, que es un simple anexo a la comisaría de policía utilizado para detener a migrantes cuando el CIE de Hoya Fría está lleno.
Este hecho llevó a que la ONU condenara a España por haber violado varios artículos de la Convención sobre los derechos del niño de 1989. El dictamen también condena que la Fiscalía de Menores de Santa Cruz de Tenerife considerara al joven gambiano mayor de edad a través de unas pruebas médicas que no eran concluyentes, como al final evidenció una partida de nacimiento que solicitó el migrante a su país en la que se constataba que no había cumplido los 18 años.
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