El Estado cuenta en la actualidad con casi 5.800 vehículos oficiales que tienen más de diez años de antigüedad, la quinta parte del parque móvil de su propiedad, y la pretensión del Gobierno es ir sustituyéndolos por vehículos ecológicos de acuerdo con lo establecido en el Plan de Renovación de la Administración General del Estado 2020-2021.
De esta forma responde el Gobierno a una pregunta registrada por Vox en el Congreso pidiendo detalles sobre los coches oficiales propiedad del Estado y, singularmente, sobre el número de vehículos de alta gama adquiridos durante 2020 para renovar la flota pública.
En su contestación, recogida por Europa Press, el Ejecutivo informa de que, conforme a los datos del Registro de Vehículos del Sector Público Estatal, actualmente la flota está integrada por 36.512 vehículos, de los que 30.526 son de propiedad pública y 2.591 están disponibles en régimen de ‘renting’ o ‘leasing’.
NO SE HA COMPRADO NINGÚN COCHE DE ALTA GAMA
Y de ese total de coches propiedad del Estado, la quinta parte, esto es, 5.794 vehículos, tienen ya más de 10 años de antigüedad, en su mayor parte son diésel, y por ello son susceptibles de ser sustituidos por coches ecológicos. De ellos, 5.562 pertenecen al grupo de servicios generales o incidencias, 121 al grupo de representación y 111 al grupo de directivos.
Ahora bien, el Ejecutivo recalca que entre los vehículos adquiridos al amparo del Plan de Renovación de la Administración General del Estado 2020-2021 “no figura ningún vehículo de alta gama”, respondiendo así en concreto al interrogante planteado por los de Santiago Abascal.
Asimismo, el Gobierno recalca que, a fecha 30 de noviembre de 2020, el Parque Móvil del Estado disponía de un total de 632 vehículos, de los que 161 pertenecían al grupo de servicios generales o incidencias y 150 están asignados a los distintos departamentos ministeriales.
En una reciente iniciativa parlamentaria pendiente de debate, Vox ha propuesto al Gobierno que se fije un precio máximo para la adquisición de nuevos coches y apunta al modelo de Alemania, que en 2014 puso el tope en los 51.000 euros y estableció un uso máximo de un año para después vender los vehículos en una plataforma de Internet a precio de kilómetro cero.
En paralelo, Vox aboga por potenciar el uso de los sistemas de ‘renting’ y ‘leasing’, dos opciones a las que la Administración General del Estado aún recurre en pocas ocasiones (no llega al 8% de los vehículos), a diferencia de otras instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, que la utiliza para el 32% de su flota.
El ‘leasing’ es un alquiler con opción a compra. Al finalizar la duración del contrato, que suele ser de entre 24 y 72 meses, se puede adquirir el vehículo en propiedad pagando el valor residual estipulado en el contrato o cambiarlo mediante una nueva contratación.
El ‘renting’, por su parte, es un alquiler a largo plazo, normalmente entre uno y cinco años, cuyas cuotas mensuales incluyen tanto el vehículo como sus gastos (impuestos, seguro y mantenimiento). A diferencia del ‘leasing’, al finalizar el periodo estipulado, el coche debe ser devuelto y sólo se podrá renovar el contrato con un nuevo vehículo.
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