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El fiscal apoya la suspensión cautelar de la expulsión de Mena del PSOE

El representante del Ministerio entiende que se vulneraron los derechos del alcalde de Arona durante la tramitación del expediente de Ferraz; la jueza decidirá en un plazo de cinco días
José Julián Mena, alcalde de Arona, en un encuentro con representantes del PSOE celebrado en la capital tinerfeña. Sergio Méndez
José Julián Mena, alcalde de Arona, en un encuentro con representantes del PSOE celebrado en la capital tinerfeña. Sergio Méndez
José Julián Mena, alcalde de Arona, en un encuentro con representantes del PSOE celebrado en la capital tinerfeña. Sergio Méndez

El Ministerio Fiscal se manifestó ayer favorablemente a la adopción de medidas cautelares solicitadas por el alcalde de Arona, José Julián Mena, al entender que el procedimiento sancionador abierto por el Partido Socialista para expulsarle de esta formación política no se tramitó correctamente y se vulneraron los derechos del demandante.

“Existen razones para pensar que el resultado del procedimiento pudiera ser favorable a sus intereses”, manifestó el fiscal en la última intervención con la que concluyó la vista celebrada en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Arona ante la jueza Nadia Méndez, que decidirá en los próximos cinco días si suspende de forma cautelar la expulsión del regidor del PSOE mientras se resuelve el recurso presentado por este contra la decisión del Comité Federal de Ética y Garantías del partido, o, por el contrario, no admite la solicitud del alcalde.

Para el fiscal, “independientemente de las razones de fondo, el procedimiento que finaliza con la expulsión del demandante no le ha garantizado el principio de contradicción, ya que no se ha cumplido con el procedimiento en un trámite tan esencial como es la posibilidad de proponer pruebas y la de ser oído. Entendemos que vicia el procedimiento”, señaló durante la vista, en alusión a las notificaciones recibidas por Mena vía correo electrónico “que no permite acreditar que fueron recibidas” en las que se le otorgaba al regidor un plazo para aportar pruebas y manifestarse.
En concreto, en el email enviado desde Ferraz el 7 de octubre de 2020 se convocaba a Mena a comparecer siete días después ante el Comité de Ética y a presentar alegaciones, comunicación que el alcalde no contestó. “Lo normal es que el día 14 alguien le hubiera llamado”, argumentó el representante del Ministerio Fiscal.

pliego de cargos

La siguiente notificación se produjo el 17 de octubre y en ella se comunicaba un pliego de cargos, con lo que “no hay posibilidad de presentar alegaciones y pruebas, ni de ser oído”, por lo que “no se han garantizado” los derechos de José Julián Mena, subrayó el fiscal.

Precisamente, la representación legal del regidor basó su defensa en que la expulsión fue un fraude de ley al serle notificada de forma inadecuada y, además, subrayó que se desconoce el hecho que justificaría su salida del partido, además de advertir sobre la conculcación de sus derechos constitucionales.

Por su parte, la letrada del PSOE sostuvo que esta tesis responde a un intento del alcalde de provocar la nulidad de la expulsión con el fin de invalidar el Pleno extraordinario previsto para el próximo lunes, que debería debatir el pase de Mena al grupo de no adscritos, lo cual abriría la posibilidad de una moción de censura contra el regidor.

La representación del PSOE, que señaló durante su intervención que el 25 de febrero se dictó un auto que abre diligencias previas contra Mena por una supuesta prevaricación administrativa, indicó que el alcalde intenta evitar la censura, “pretendiendo limitar la vida democrática y perpetuarse en la condición de alcalde, envenenando las instituciones democráticas”.

Pendientes del auto judicial en la antesala del Pleno extraordinario

El auto de la jueza podría prácticamente coincidir con el Pleno extraordinario convocado para el próximo lunes día 8, a las 12.00 horas, solicitado por la oposición el pasado 29 de enero para “dar cuenta de la condición de no adscrito de José Julián Mena”, paso imprescindible para materializar una moción de censura contra el regidor aronero. En caso de obtener las medidas cautelares por parte de la jueza, a la espera de que se resuelva el fondo de la cuestión (su expulsión del partido), decaería la posibilidad de una censura y el alcalde seguiría adscrito al grupo municipal socialista, actualmente dividido a raíz de la destitución, el 22 de junio de 2020, del edil de Urbanismo, Luis García, hoy en el grupo de no adscritos tras su expulsión del PSOE.

Las elecciones de 2019 depararon una Corporación formada por 14 concejales del PSOE (mayoría absoluta), cuatro de Coalición Canaria, tres del Partido Popular, dos de Ciudadanos por Arona, uno de Cs y uno de Sí Podemos Arona.

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