El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane lleva un cuarto de siglo, desde 1996, emitiendo licencias de obras en el casco histórico del municipio sin contar, como establece el Plan Especial de Protección de dicha zona, con una Comisión de Patrimonio Histórico Artístico local. Una circunstancia que habría facilitado que se acometieran acciones en el área mencionada sin el visto bueno de expertos en la materia. No obstante, el texto incluye una disposición transitoria -y, por tanto, provisional- a la que se han aferrado los distintos grupos de Gobierno desde entonces, liderados por Coalición Canaria y el Partido Popular. La misma recoge que, hasta que se forme el órgano, competerá a la Comisión de Urbanismo revisar los expedientes.
Ayer, eran los actuales gobernantes, del PP, quienes anunciaban que pretenden proceder a la constitución del órgano ideado para evitar atentados sobre los bienes históricos, toda vez que el PSOE e Izquierda Unida Canaria (IUC) han cursado distintas solicitudes en este sentido desde la pasada legislatura. De hecho, el exedil socialista Mauricio Pérez defendió en una moción llevada a Pleno en julio de 2017 que se actualizara el catálogo de patrimonio arquitectónico y etnográfico aridanense, así como se iniciaran los trámites para formar la Comisión de Patrimonio. Posteriormente, en el presente mandato ha sido el concejal de IUC, Felipe Ramos, el que ha tomado el relevo de la propuesta, llegando a instar, incluso, a que se paralice la concesión de licencias hasta que se cree la Comisión, sin que se haya tomado una decisión encaminada a ello.
El Gobierno de los populares, que capitanea el Ayuntamiento desde 2015, también dio a conocer en un comunicado que “se ha acordado la remisión de todas las licencias que tengan que ver con inmuebles incorporados dentro del catálogo de edificaciones protegidas” a la Comisión de Patrimonio del Cabildo, que evaluará cada caso y dictaminará, con carácter no vinculante, si las actuaciones se ajustan o no a la normativa de aplicación. Un gesto que el representante de IUC tildó de “hipocresía”, señalando que “el PP, tras mirar durante años para otro lado ante la destrucción sistemática del patrimonio en el casco histórico, solo ha comenzado a tenerlo formalmente en cuenta tras la reacción de los vecinos y vecinas, especialmente en redes sociales, durante la semana”, a raíz de la presunta destrucción de un edificio del siglo XVIII ubicado en la Calle Real, cuyos promotores, sin embargo, aseguraron al DIARIO que se ha respetado la ley.
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