La Laguna exige la solidaridad de cabildos y municipios en la distribución de los migrantes

En la cuestión migratoria, España necesita ayuda del resto de Europa, Canarias necesita la ayuda del resto de España. Y La Laguna necesita la ayuda del resto de Tenerife y del archipiélago canario. Por eso, el alcalde del municipio lagunero, el socialistas Luis Yeray Gutiérrez, ha enviado varias cartas pidiendo a cabildos y ayuntamientos que pongan a disposición del Gobierno de España “espacios de acogida” para reducir la carga migratoria de la ciudad. En La Laguna están 2.519 de los algo más de 4.000 migrantes llegados en cayuco a Canarias que aún permanecen en las Islas, según cifras de Delegación del Gobierno recogidas por el propio alcalde. Una parte en el campamento de Las Canteras y otra en el de Las Raíces.

“La situación de emergencia humanitaria que se viene produciendo en San Cristóbal de La Laguna está llegando a un límite insostenible debido al elevado número de personas migrantes que se encuentran en el municipio en unas condiciones inadecuadas”, asegura el alcalde en las tres cartas, de contenido casi idéntico, dirigidas a Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, a Mariano Hernández Zapata, presidente del Cabildo de La Palma y de la Federación Canaria de Islas y a Mari Brito, alcaldesa de Candelaria y presidenta de la Federación Canaria de Municipios.

Las palabras de Gutiérrez contrastan con las declaraciones del ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, que afirmaba el pasado jueves que, aunque son de carácter “temporal”, los campamentos tienen los estándares humanitarios “más altos posibles”. Una afirmación que casa bastante mal con los resultados de una inspección realizada el pasado 24 de marzo por parte del Servicio de Sanidad Municipal del Ayuntamiento de La Laguna en campamento de Las Raíces, que revelaba cuestiones higiénicas y sanitarias “preocupantes”, con concentraciones de personas que impiden el seguimiento de las medidas contra el covid. Actualmente hay alrededor de 1.500 personas. Los migrantes se han quejado repetidamente de la comida o la falta de agua caliente; cuestiones que el propio delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, ha afirmado públicamente que se están intentando mejorar. Pero la situación se ha complicado aún más esta semana tras los graves altercados que se produjeron en el campamento entre migrantes marroquíes y subsaharianos, que acabaron en una carga policial y dejaron diez heridos, tres de ellos graves. Nueve personas de distintas nacionalidades han sido enviadas a prisión, cuatro de ellos ayer, acusados de presuntos delitos de lesiones, riña tumultuaria, desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad.

“Los incidentes que se vienen registrando, especialmente en el centro de Las Raíces, son la demostración de que un único recinto, y un único municipio, no puede atender en condiciones óptimas a un número tan grande de personas”, afirma Gutiérrez, quien sostiene que siempre ha apostado “por un modelo de solidaridad basado en el reparto equitativo entre todas las islas y todos los municipios de la carga migratoria que soporta el archipiélago”.

Más allá de las demandas al Estado y de las apelaciones habituales de los partidos a los derechos de las personas migrantes, Gutiérrez intenta poner el foco en la necesidad de solidaridad entre las propias administraciones canarias. Una cuestión que ha remarcado varias veces el presidente del Gobierno autónomo, Ángel Víctor Torres, contraponiendo el ánimo cooperativo de quienes ofrecieron recursos municipales al servicio de la acogida de migrantes durante la crisis de los cayucos -incluyéndose a él mismo, que era alcalde de Arucas en aquella época-, con una cierta cicatería actual.

“Es hora de demostrar la solidaridad del pueblo canario no solo con declaraciones sino con hechos, apostando por un reparto equilibrado de la carga migratoria en espacios de acogida de pequeña o mediana capacidad que permitan albergar a estas personas con plenas garantías humanitaria”, asegura el alcalde lagunero, que pide un reparto “proporcional” entre municipios e islas en la cesión de estos espacios de acogida para que el Estado organice un modelo menos masificado. Ahora falta ver qué le dicen municipios y cabildos.