Un grupo de asociaciones de Fuerteventura ha denunciado las condiciones en las que viven los migrantes que permanecen en el campamento de El Matorral, donde aseguran que la comida es insuficiente, “no hay personal sanitario permanente y los usuarios solo cuentan con una abogada voluntaria para las gestiones jurídicas”.
Las asociaciones Asamblea Popular de Fuerteventura, Arenas Marroquí, Acción Social Obrera y Embabia han ofrecido este viernes una rueda de prensa a las puertas del centro de El Matorral, uno de los campamentos que el Ministerio de Migraciones ha abierto en el archipiélago en el marco del denominado Plan Canarias para acoger a las personas que llegan en patera a las islas.
Uno de sus representantes, Cristian Sima, ha leído un manifiesto en el que ha denunciado la actual política migratoria que “bloquea” a los inmigrantes que llegan a Canarias y las condiciones de “hambre, frío y hacinamiento” que padecen las personas alojadas en estos centros.
En el caso de El Matorral, los convocantes han denunciado la falta de personal sanitario “permanente” y que solo haya “una abogada voluntaria para las gestiones jurídicas” sin que, de momento, se haya contratado a ningún letrado.
Además, han criticado que la comida que se da a estas personas es insuficiente, que carecen de apoyo psicológico y también de conexión a internet, lo que obstaculiza la comunicación con sus familiares en África.
El activista ha exigido la reforma de las instalaciones del antiguo Centro de Internamiento de Extranjeros de El Matorral, en régimen abierto, “para que los inmigrantes estén en mejores instalaciones, y no hacinados en carpas”.
Cristian Sima ha aludido a la reapertura de la Ruta Canaria, una de las más peligrosas del mundo, y ha estimado que el Gobierno español ha sido cómplice de la reactivación de los flujos migratorios que cruzan el Atlántico registrada desde finales de 2019 por haber militarizado otras rutas, como la de El Estrecho y Alborán.
Por ello, las asociaciones majoreras han exigido las dimisiones “inmediatas” de los ministros de Migraciones e Interior, José Luis Escrivá y Fernando Grande Marlaska, un “cambio drástico” que ponga fin a “las políticas migratorias racistas y securitarias” y que “se establezcan vías migratorias legales y seguras para los inmigrantes africanos.
Su denuncia la han extendido al Gobierno canario, al que han acusado de “complicidad” por no haberse opuesto con “contundencia” a las políticas migratorias del Gobierno central y por no haber exigido las dimisiones de los titulares de los ministerios del Interior y Migraciones.
“Criticamos el silencio cómplice por parte del Gobierno canario que no está oponiéndose a que el archipiélago se convierta en la cárcel de inmigrantes más grande de la historia de España”, ha señalado el activista.
También ha instado a las administraciones locales y a la Cruz Roja, organización que gestiona el campamento de El Matorral, a buscar soluciones y garantizar el sustento de todos los inmigrantes que alberga.
Así, estas organizaciones han pedido al Ayuntamiento de Puerto del Rosario que realice una inspección sanitaria de las instalaciones de El Matorral y de la llamada “Nave del Queso”, donde los inmigrantes hacen cuarentena cuando dan positivo en la covid-19.
Los colectivos majoreros también han solicitado que se unifiquen en Canarias los criterios para obtener una cita para pedir protección internacional, pues aseguran que “el teléfono de extranjería que dan, en el caso de Fuerteventura, está saturado y es prácticamente inaccesible, lo que está dejando a los inmigrantes en una situación de indefensión”.
“Creemos que es necesario que se aumenten los recursos humanos y materiales para resolver en tiempo y forma estas solicitudes, acelerando su ritmo lo máximo que sea posible”, ha señalado, al tiempo que ha recalcado que también se hace necesaria la realización de itinerancias de consulados a las islas no capitalinas para hacer más accesibles las resoluciones de salvoconductos o cualquier otro tipo de documentación.
La presidenta de Arenas Marroquís, Sana Chehaib, ha denunciado la situación de un grupo de magrebíes que lleva un mes durmiendo en la plaza de La Paz, en pleno centro de Puerto del Rosario, después de que algunos de ellos fueran expulsados de El Matorral y de que otros, como muestra de solidaridad, decidieran seguir a sus compañeros y abandonar también el campamento.
Sana ha criticado la falta de respuesta de las administraciones locales, entre ellas el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, cuyos Servicios Sociales, asegura, no se han interesado por la situación de estas personas, a las que cada noche un grupo de voluntarios le lleva la cena.
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