En la tarde del 14 de marzo de 2020 había un ambiente extraño en la calle. La incidencia de la COVID, ese virus de origen lejano cuya letalidad no terminábamos de asimilar, iba a confinarnos en casa. Acostumbrados a una rutina veloz que parecía inexpugnable, más allá de las enfermedades habituales, resultaba imposible que algo pudiera pararnos en seco. Y aun así, la gente iba en masa al supermercado para llenar las neveras. También había algunos que aprovechaban para ir al bar y tomarse las últimas copas, por si aquello se alargaba. En la barra de su tasca, La Tertulia, ya vacía al caer la noche, David tenía una cara de funeral que contrastaba con las noches de picoteo y parranda bohemia y lagunera que llevaba animando durante los últimos años en sus dos negocios, uno al lado del otro, en la Calle San Antonio de La Laguna, junto a la vieja dulcería de López Echeto. “Mucha incertidumbre”, decía. Año y medio más tarde, sigue a flote. Ha conseguido que le corten la calle los sábados y los domingos para poner varias mesas de terraza. Pero las has pasado canutas.
Este año, la economía canaria recibirá una inyección de unos 1.300 millones de euros en ayudas directas a empresas y autónomos. 165 del Gobierno canario -85 para pymes y autónomos y 80 para ayudar a pagar el IBI de alojamientos turísticos- y 1.144 millones que el Estado ha destinado a las Islas, cuya economía, junto a la balear, es la más afectada por la pandemia, con una caída del 20% del PIB en 2020 que se llevó por delante a 4.000 empresas el año pasado y ha dejado la tasa de paro en el 25,4%.
Para José Miguel González, director de Consultoría de Corporación 5, “son unas ayudas importantes, sobre todo las del Estado”, pero recuerda que juntas solo suponen en torno a un 13% de los 9.400 millones de euros que perdió el PIB canario el año pasado. Y critica que dejen fuera a muchas de las empresas que habían tenido pérdidas antes de la pandemia, con excepción de la que estuvieron afectadas por la caída de Thomas Cook. “Lo que ocurrió en 2020 cayó del cielo, no es consecuencia de la buena o mala gestión. Y afectó a todos”, explica. “Puede que más de uno tuviera problemas en 2019 porque su entidad de crédito se puso exigente o porque ya se había iniciado un ciclo de cierta desaceleración económica. Y debería poder acceder a una ayuda”.
“Habría sido interesante que pudieran extenderse algo más”, reconoce José Luis Rivero Cevallos, catedrático de Análisis Económico de la ULL, “pero las ayudas estatales son muy importantes, van a permitir que muchas empresas puedan seguir abiertas”. Para ilustrar la relevancia de la cifra, Rivero Cevallos recuerda que el presupuesto del Gobierno canario es de en torno a 9.000 millones: 1.144 millones en ayudas, por tanto, no es poca cosa. “Ese dinero circula y entra el circuito de rentas”.
En todo este proceso, ha sido fundamental que el Gobierno canario convenciera al Estado de que las ayudas llegaran a todos los sectores, no solo a un número limitado de actividades económicas, como se estableció al principio. “Ahora sí que se podrá gastar el dinero, con las restricciones de actividades habría sido imposible”, afirma Rivero, que no cree que haya que torturarse con el fantasma de posibles comportamientos fraudulentos de algún solicitante. “Se trata de hacer riego por inundación, ya tendremos tiempo para el goteo.
Es cuestión de decidir si hacemos una traqueotomía urgente al borde de la carretera con un bolígrafo BIC o si nos quedamos sin hacerla”. Una de las virtudes de estas ayudas, según Rivero, es el procedimiento de tramitación, que será parecido al de las autonómicas. Primero, por gestionarse a través de las Cámaras de Comercio, “entidades público-privadas con gran tradición en las islas y con un personal muy preparado y capaz de ayudar a la Administración, que, como es lógico, no tiene recursos humanos para enfrentarse a una situación tan excepcional”. Y segundo, porque es un proceso razonablemente sencillo, con una declaración reponsable y pocos requisitos documentales, a expensas de las inspecciones aleatorias que Hacienda pueda hacer.
Estos días, Cristina, que tiene en La Laguna una escape room -un local de ocio que consiste en una habitación donde se encierra a un grupo que debe conseguir abandonarla a base de descifrar una serie de pistas-, mira sin parar su cuenta a ver si ya le han ingresado los tres mil euros que le han concedido de la ayuda autonómica. También cobró durante varios meses la prestación como autónoma y una ayuda del Cabildo. En cuanto se publique el decreto autonómico con las fechas y condiciones para pedir las del Estado, las solicitará. Aunque el Ejecutivo autónomo se comprometió a elaborar el decreto este mes, aún no lo ha hecho. Según explican, quieren simplificar más los trámites burocráticos. “Estos últimos tres meses están siendo bastante malos. Fue mejor después del confinamiento. Espero que se anime el turismo y lleguen los peninsulares, que son los que suelen venir al negocio en verano”, dice Cristina. “A mí, la verdad es que estas ayudas me vienen muy bien”.
A Juan, que tiene una agencia de viajes y lleva prácticamente parado desde que se declaró el estado de alarma por primera vez, le han pedido más documentación para la ayuda autonómica, pero espera solucionarlo pronto. Y pedirá también la del Estado, mientras espera a que el turismo se reactive en junio. “Hay que ser optimista. Yo veo la luz al final del túnel”. A pesar de las dificultades, valora el apoyo de los ERTE, de los préstamos ICO y de las subvenciones que están llegando. Aunque recuerda que son algo de “política europea”, no una invención española.
David acaba de recibir 9.000 euros de la ayuda autonómica, pero dice que eso solo le da para pagar el equivalente a dos meses cerrados. Pidió 15.000 euros de préstamo ICO y recibió 3.000 euros de ayuda del Ayuntamiento de La Laguna, que es por quien más se ha sentido respaldado en estos meses. “Pero yo lo que quiero es poder trabajar”, afirma. Lo que ha vivido desde que empezó la pandemia ha sido una gran “incertidumbre”. Y cuenta cómo le han afectado los cambios constantes de normativa y el cierre de Navidad, pues entonces no tenía terraza. David cree que se ha culpabilizado a la hostelería, pues considera que en un restaurante se puede controlar más a la gente que en la fiestas privadas que surgen como alternativa ilegal de ocio. “Los hosteleros deberíamos haber sido aliados”. Pero hay varios estudios científicos que afirman que los interiores de bares y restaurante son puntos calientes en la transmisión de la COVID. Uno de los últimos artículos Evidencia epidemiológica acerca del rol de la hostelería en la transmisión de la COVID-19: una revisión rápida de la literatura, elaborado por expertos de la Universidad de Filadelfia, la Universida de Alcalá y el Centro de Salud Rafael Alberti de Madrid, ratifica que cerrar los interiores de los bares es una de las mejores medidas para bajar las incidencias.
Eso, claro, no alivia la angustia de quien lleva peleando desde el 14 de marzo, como David. Dice que no tiene mucha fe en que las ayudas estatales. Habrá que preguntarle en unos meses: 1.144 millones de euros suena a cifra rotunda.
