El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, defiende que lo que ha hecho el Gobierno de Canarias es “desenmarañar” la situación administrativa en la que se encontraba la Refinería de Santa Cruz para proceder a su desmantelamiento. Y es que, según el consejero, que este martes anunció en el Parlamento que Cepsa iniciará su desmontaje en 2022, existían expedientes sancionadores abiertos contra la compañía por cuestiones medioambientales que había que reanudar y finalizar, así como convencer a la empresa de que había que desvincular el proceso de salida de Santa Cruz de cualquier tipo de operación urbanística. Una vez resueltos estos pasos previos, Valbuena asegura que los plazos por los que ha de pasar la compañía de petróleos la llevarán hasta 2027 para dar por finalizado el desmantelamiento. “Los pasos que se vayan dando están vinculados a la construcción de los tanques para almacenamiento en el polígono industrial de Granadilla, algo que la Consejería se ha comprometido a agilizar”, apuntó ayer el consejero. “Así -continuó Valbuena- hay dos primeros años en los que se procederá al desmontaje de la Refinería. Los dos siguientes estarán dedicados a la descontaminación del suelo, y en los dos últimos se terminará con ese desmantelamiento. Estamos hablando de seis años”. Además, añadió que “cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con una especie de acuerdo en el que se mezclaban distintos conceptos, elementos que creemos no debían ser mezclados”.
Valbuena afirmó, en declaraciones a la Cadena Ser, que cuando llegaron al Gobierno, “nos encontramos que no se estaban tramitando una serie de expedientes procedentes de las inspecciones ambientales que se hicieron, que estaban paralizados, y que hubo que reanudar respecto a faltas que eran graves. Además, se pretendía que, por parte del Gobierno de Canarias, se diera una autorización provisional para almacenamiento, algo que, sencillamente, no cabía”. El consejero defendió que lo que se hizo fue “desenmarañar administrativamente todo eso” y “convencer a Cepsa de que no se puede vincular una operación urbanística con el desmantelamiento de la Refinería, que empezará ya con el desmantelamiento, y, sobre todo, a descontaminar”. En declaraciones posteriores, el consejero insistió en que el actual alcalde, José Manuel Bermúdez, no ha desbloqueado nada. “Lo primero que hicimos, con Patricia Hernández como alcaldesa, fue intentar avanzar y y centrar los objetivos, que no eran otros que desmantelar y descontaminar, y eso se logró. Ya con nuevo alcalde, lo único que hicimos fue informarle de los pasos que ya se estaban dando”.
Insistió en que lo único que han hecho es aclarar cuestiones, porque “el modus operandi de CC, en lo que a ordenación del suelo se refiere, es intentar mezclar conceptos”. Ahondó en esta afirmación al señalar que “cuando se procede a recalificar un suelo que es urbano no consolidado, hay una serie de cargas asociadas al propietario que tienen que ver con la urbanización, las calles, el alumbrado, etc., y unos beneficios como poder construir en esos suelos. Aquí, se quería añadir a esos beneficios y cargas un plus para que la operación de desmontar la Refinería no fuera gravosa para Cepsa. Lo que decimos es que esa operación debe ir a cargo de los beneficios generados”, concluyó.
A Bermúdez lo que opine el consejero le “resbala”
El alcalde José Manuel Bermúdez insistió ayer en que lo único firmado con Cepsa es que “esos terrenos son necesarios para que la ciudad se expanda y para ello hay que descontaminar, desmantelar y ordenar urbanísticamente”. “Lo que sé -continuó- es que, curiosamente, cuando este alcalde traslada al presidente que intervenga (en DIARIO DE AVISOS el día 2) porque no se está moviendo nada, sale la declaración del consejero”. Para Bermúdez, “es una obviedad” que Cepsa corra con los gastos del desmantelamiento, para añadir que le “resbala” lo que opine Valbuena. “Me da igual lo que diga, hemos escogido la transparencia”, dijo.
