El Gobierno de Canarias no descarta obligar a vacunarse a todos los empleados públicos de servicios esenciales, en relación a aquellos que interactúan con colectivos sensibles, que hayan rechazado anteriormente ser inmunizados frente al SARS-CoV-2, “siempre que la ley lo permita”, señaló el presidente, Ángel Víctor Torres, al ser preguntado por su posición respecto al porcentaje de la población de las islas que todavía no se ha vacunado, un colectivo que, en cualquier caso, “es complejo de cifrar” porque a lo largo de la campaña se va constatando “cómo personas mayores que no se habían animado, sin rechazarlo, se están vacunando ahora”.
Para Torres “el negacionismo es un peligro para la persona en sí misma y es un peligro para la colectividad”, y reiteró que “es injusto porque no pueden pagar personas responsables” las consecuencias de los que no se quieren vacunar. Aunque reconoció que “no puede obligarse a la ciudadanía a la vacunación, distinto es los funcionarios de diferentes cuerpos”, y su Gobierno está estudiando esa posibilidad.
Torres se envalentonó tras conocer los resultados conseguidos por el primer ministro francés, Emmanuel Macron, que ha logrado que cuatro millones de conciudadanos más se hayan vacunado en las últimas dos semanas, desde que anunció la implantación del certificado obligatorio para entrar en buena parte de los lugares públicos y requisito de vacunarse al personal sanitario y sociosanitario o serán suspendidos de empleo y sueldo, en un momento en el que los datos de vacunación mostraban un estancamiento.
En Canarias los registros de vacunación la semana pasada fueron muy buenos, al administrarse 175.183 dosis de vacunas contra la COVID-19, el 17,5% más que las administradas la semana anterior. El llamamiento del fin de semana a los jóvenes a partir de 16 años fue un éxito y se sumaron también otros colectivos, sobre todo mayores de 60 años, que acudieron a la convocatoria sin cita que se hizo, según precisaron varias fuentes de la Consejería de Sanidad, que ante “el temor” de que no puedan tomarse el barraquito o el cortado de rigor, en el interior de su bar o cafetería favoritos, o no puedan acompañar a sus amigos a los guachinches de la Isla, tuvieron que plegarse y acudir a vacunarse.
Este llamamiento de vacunación sin cita se repetirá posiblemente el fin de semana próximo. Por otro lado, Canarias comenzó ayer a vacunar a los mayores de 12 años sin cita previa de lunes a viernes en La Palma y El Hierro, mientras que en La Gomera y Lanzarote deben esperar la llamada de Atención Primaria, y en Fuerteventura los interesados pueden pedir cita previa. La vacunación avanza en Canarias al acercarse al 60% con doble pauta vacunal (el 56% inmunizada, 1.096.319 residentes”, mientras que 1,42 millones tienen al menos una dosis, lo que supone el 72,4% del objetivo. Estos registros son clave también para doblegar la curva.
Por otro lado, en todos los centros de Salud centenares de personas, hicieron cola el viernes y ayer para solicitar sus certificados COVID. Torres destacó que desde el pasado jueves, después de que su Ejecutivo actualizara los niveles de alerta en el archipiélago, cerca de 70.000 personas se descargaron el certificado digital de vacunación, un documento que “obliga a estar vacunado para acceder a determinados espacios que entrañan riesgo”.
Toque de queda
Asimismo, el presidente se mostró esperanzado en que a lo largo de la semana el Tribunal Supremo tenga en cuenta el informe de su Fiscalía que, a su juicio, “avala el toque de queda” entre las 0.30 y las 6.00 horas que la Administración autonómica pretende aplicar en los municipios donde los contagios se han desatado en esta ola de la pandemia. “Espero que los jueces decidan, tengan en cuenta y sea favorable su fallo a lo que el Ministerio Fiscal del Tribunal Supremo traslada”, porque defendió que “se trata de una medida efectiva” para frenar los contagios. Advirtió que Canarias “se juega agosto, sí, pero también septiembre, octubre, noviembre, diciembre y también el mercado de invierno”, que, dijo, es cuando más empleo se genera.
El presidente canario está confiado en que las personas cumplan, que “impere el sentido común” porque se han aprobado con el objetivo de tratar de frenar el virus, pero recordó que si no se presenta se traducirán en denuncias. Espera que “no haya demandas, que haya sentido común”, porque “a nadie le gusta tomar restricciones”, pero hay que hacerlo cuando la “incidencia acumulada aumenta, cuando se tienen más positivos y cuando se tienen problemas en los hospitales”, finalizó.
Por otro lado el Ministerio de Sanidad avisó ayer que la quinta ola de la COVID podría comenzar a ralentizarse, pero que aún hay riesgo, en una jornada donde se superaron los 700 puntos de incidencia, pero “se nota una desaceleración” en el ritmo de contagios en varias comunidades. La quinta ola continúa cebándose entre los jóvenes de 12 a 29 años donde se superan los 1.600 casos por 100.000 a los 14 días. La presión hospitalaria aumentó la semana pasada el 43% en planta y el 44,7% en UCI.
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