sanidad

Las Islas ‘salen’ de la quinta ola: su incidencia vuelve a niveles de junio

El Archipiélago registra 59,88 casos por cada 100.000 habitantes, alejándose del pico del 18 de julio (259,8) y dando esperanzas al sector turístico de entrar en la lista de destinos seguros de varios países
El decreto ley que prepara el Gobierno regional y espera aprobar mañana no exige el certificado COVID para entrar en locales hosteleros. SERGIO MÉNDEZ

La pandemia de la COVID-19 ha consolidado su tendencia descendiente en Canarias hasta rozar mínimos históricos, con una incidencia acumulada (IA, casos por cada 100.000 habitantes detectados en los siete días anteriores) de 59,88; una cifra que no se alcanzaba desde el pasado 30 de junio, cuando este indicador marcó 59,7. A partir de esa fecha, comenzó la denominada quinta ola, que llegó a su pico el 28 de julio (259,8). Además, los 1.000 positivos diarios registrados hace varias semanas contrastan con los 159 de los que dio parte ayer la Consejería regional de Sanidad.

Estos datos hacen que las Islas se mantengan en el marco del riesgo medio, y a su vez se aproximen a los valores exigidos por países de nuestro entorno para entrar a formar parte de sus listas de destinos seguros, favoreciendo de esta manera el flujo de pasajeros y, por tanto, la recuperación del sector turístico. Otro motivo para la esperanza es el ritmo de vacunación, puesto que más de la mitad de los canarios de 12 a 19 años ya cuenta con la pauta vacunal completa contra el coronavirus, lo que deja entrever un inicio de la actividad lectiva con altos índices de inmunización del alumnado. Es más, ya son 1.623.238 personas las que han recibido las dos dosis de algún remedio contra la enfermedad.

En cuanto a los niveles de alerta epidemiológica, todo parece apuntar a que se dan las condiciones para que tanto Tenerife como Gran Canaria bajen un escalón. Es decir, que se pase mañana a la primera ínsula a nivel 3 y a la segunda al 2, de acuerdo con los distintos factores incluidos en el último informe elaborado por el Departamento de Sanidad.

Según la información incluida en dicho documento, las plantas hospitalarias del Archipiélago están ocupadas en un 4,08% por pacientes con COVID-19, lo que correspondería a riesgo bajo. Sin embargo, aún siguen en riesgo alto las unidades de cuidados intensivos (UCI), con un 16,02% de camas asignadas a personas con esta patología. En este sentido, cabe destacar que el mismo parámetro llega al 25,4% en Tenerife, siendo el único que la Isla posee en riesgo muy alto.

No obstante, si hay un referente en cuanto a gestión de la pandemia es Dinamarca, que ya ha anunciado que el próximo día 10 levantará todas las restrcciones, si bien no deja de ser menos cierto que Israel lo hizo y tuvo que echar marcha atrás por el aumento de los contagios.

El Gobierno dará a conocer mañana su decreto ley contra la pandemia

El Consejo de Gobierno regional se reunirá mañana para abordar el decreto ley que regulará las restricciones para frenar la pandemia. Una norma que, como relataron la semana pasada al DIARIO fuentes jurídicas ajenas al Ejecutivo, supeditará cualquier suspensión de las limitaciones impuestas al Tribunal Constitucional, y bajo unos supuestos muy concretos. Es decir, que a priori el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no está facultado para tumbar las medidas, como viene haciendo en los últimos meses con el certificado COVID, el cierre perimetral o el toque de queda en determinados niveles de alerta.
Pero, aunque las restricciones adquirirán rango de ley con su paso por el Parlamento bajo el paraguas del procedimiento abreviado y lectura única para acelerar su tramitación, lo cierto es que las últimas dos medidas mencionadas, la limitación de la movilidad nocturna y el cierre perimetral, no serán incluidas en el decreto, teniendo en cuenta que afectan a los derechos fundamentales, y abrirían la puerta a que el Defensor del Pueblo las recurriera ante el Constitucional; uno de los supuestos. En cuanto al certificado COVID, se prolongará su vigencia para acceder a establecimientos alojativos cuatro meses más. La principal incógnita es la obligatoriedad de vacunarse para determinados miembros del cuerpo funcionarial.

TE RECOMENDAMOS