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Los TSJ andaluz, cántabro y canario, en contra de Galicia, tumban el Certificado COVID

El problema viene generado por la falta de una política común implementada desde el Gobierno central. El pasaporte COVID para locales de restauración y ocio nocturno es una petición que ya han hecho varias regiones y que, por el momento, ha sido rechazada por el Consejo Interterritorial.
En ambos casos, el TSJC ha condenado en costas a la administración. DA

Las comunidades autónomas de Canarias, Andalucía y Cantabria han visto rechazado el certificado COVID, mientras en Galicia, por ejemplo, sí se está exigiendo, y su Tribunal Superior de Justicia lo avala. El problema viene generado por la falta de una política común implementada desde el Gobierno central. El pasaporte COVID para locales de restauración y ocio nocturno es una petición que ya han hecho varias regiones y que, por el momento, ha sido rechazada por el Consejo Interterritorial.

Otros países europeos, como Francia ya lo aplican y en Italia, ya lo exigen no solo para poder ir a estos locales, sino también en el transporte público y en los centros educativos, donde los profesores deben tenerlo para poder dar clase.

La falta de consenso se produce en pleno verano y con muchos ciudadanos planeando desplazarse para las vacaciones con la incógnita de qué certificado necesitarán o no allá donde vayan. En Galicia, por ejemplo, sí se está exigiendo, y su Tribunal Superior de Justicia lo avala.

El rechazo de la Justicia al pasaporte COVID que Andalucía pretendía implantar para entrar en bares y restaurantes deja un panorama incierto sobre el uso de esta herramienta en la lucha contra el coronavirus. Fue a última hora de la tarde de ayer cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con sede en Granada, acordó denegar la ratificación judicial de la medida consistente en limitar el acceso al interior de los establecimientos de esparcimiento y de hostelería con música a aquellas personas que puedan acreditar estar en posesión del certificado Covid o acreditación de PCR o test de antígenos negativo en las últimas 72 horas.

La Sala entiende que la medida de implantar el pasaporte covid para acceder a los bares de copas y discotecas puede afectar a derechos fundamentales como el derecho a la intimidad personal, “en cuanto implica la necesidad de mostrar datos relacionados con la salud, considerados, de acuerdo con la normativa europea, como de carácter sensible”; y con el principio de no discriminación, “en la medida en que establece un trato diferenciado para el acceso a tales locales, basado en la posesión o no del mencionado certificado”.

Fue ayer por la mañana cuando el Gobierno cántadro sufrió el revés. El TSJC estimó el recurso presentado por los hosteleros contra la resolución que subía de 19 a 27 los municipios en nivel de alerta 3. Por lo tanto, al quedar sin efecto el semáforo también deja de ser obligatorio el pasaporte COVID que se necesitaba desde el jueves para entrar en el interior de los locales de hostelería en niveles 3 y 4 de riesgo, que además pueden abrir con aforo de un tercio.

En amplios sectores sanitarios, estas últimas decisiones de los TSJ de Cantabria y Andalucía han caído como un jarro de agua fría. Hay satisfacción, en cambio, en el sector hostelero, muy castigado por la pandemia y que considera que exigir el certificado a los clientes perjudicaría a sus negocios.

Otras comunidades tampoco descartan unirse a esta medida. Entre ellas están Madrid o Castilla y León. De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado partidaria esta semana de retomar este debate y ha apostado por esta medida.

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