Finalmente, pese a los intentos de colectivos sociales y el Instituto Canario de la Vivienda, ayer se produjo el anunciado lanzamiento judicial de Bárbara Concepción Bello, y sus dos hijos menores de 17 y 14 años, de la vivienda que tenía alquilada desde hace un año y medio en un edificio de la calle El Rincón de Güímar.
El lanzamiento se produjo, con Guardia Civil y Policía Local presentes, sin resistencia por la inquilina, pues un día antes había decidido, ante una crisis de ansiedad que le obligó a ir a Urgencias, sacar algunas de sus pertenencias del inmueble, mientras ayer, su hijos terminaban de recoger aquello más preciado, porque la llegada del lanzamiento “no nos permitió retirarlo todo”, manifestó Bárbara, víctima de violencia de género, que al quedarse en paro por la pandemia y no tener recursos económicos, llevaba casi un año sin hacer frente al pago de los 600 euros de alquiler. Aquí no le ha servido siquiera la moratoria anti desahucio del Gobierno del Estado, al tratarse de un alquiler entre particulares, pese a que Servicios Sociales de Güímar reconoce la “vulnerabilidad” de la familia, ayer desalojada.
Ahora, hasta que encuentre un alquiler social o un trabajo fijo, esta madre de 50 años -los cumplió justamente ayer- se ha trasladado a La Cuesta para vivir en un piso cedido por el padre del novio de su hija mayor.