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Francisco Pomares, investigado por la supuesta falsedad de su currículo para acceder a una plaza de profesor

El juez César Romero Pamparacuatro abre diligencias penales y cita a declarar al periodista como imputado el próximo día 22
Francisco Pomares. Fran Pallero
Francisco Pomares. Fran Pallero
Francisco Pomares. Fran Pallero

El periodista Francisco Pomares ha sido llamado a declarar en calidad de imputado por el titular del Juzgado de Instrucción número uno de La Laguna, Cesar Romero Pamparacuatro, que investiga las supuestas irregularidades en el currículo profesional del encartado, gracias al cual ganó una plaza de profesor asociado en la Universidad de La Laguna.

El escándalo se hizo público, el pasado mes de abril, cuando Coalición Canaria presentó a Pomares como uno de sus candidatos para formar parte de la nueva Junta de Control de RadioTelevisión Canaria. En el currículo que el periodista aportó al Parlamento regional, suprimió veladamente los méritos que sí acreditó años atrás, mediante dos certificados de experiencia laboral, en el concurso público para obtener una plaza de profesor en la Facultad de Periodismo de ULL.

En este proceso parlamentario llamó poderosamente la atención que Pomares, que defendió ante el tribunal de selección de la Universidad de La Laguna que había desempeñado un puesto de alta dirección en una conocida productora de televisión canaria, atribuyéndose además, la creación y desarrollo de varios programas de éxito en la Televisión Autonómica y su participación como coguionista en una producción internacional de cine, ahora que precisamente se valoraba la experiencia audiovisual de los candidatos, paradójicamente borró por completo dichos méritos de su trayectoria laboral.

Las dos productoras de Televisión, que en su día denunciaron reiteradamente ante la decana de la Facultad de Ciencias de la Información y ante el propio rector, la falsedad de los certificados aportados, presentaron una querella criminal contra el periodista, que fue admitida a trámite el pasado mes de julio, cuya instrucción se ha iniciado en los juzgados de La Laguna.

Como consecuencia de esta denuncia por la posible comisión de los delitos de falsedad en documentos públicos y privados, el juez que instruye la causa ha decidido llamar a declarar como investigado a Francisco Pomares el próximo 23 de septiembre. La Universidad de La Laguna ha acordado aguardar al pronunciamiento de la justicia para tomar una decisión sobre el futuro de Pomares como docente académico, al margen de otras medidas disciplinarias y legales que se pudieran adoptar.

Los hechos se remontan al mes de septiembre de 2014, cuando el Servicio de Recursos Humanos de la Universidad convoca una plaza de profesor para impartir clases en la Facultad de Periodismo. Dicho puesto se dispuso a través de un concurso de méritos, en el que una veintena de candidatos presentaron su currículo, acompañados de las correspondientes titulaciones académicas y de las certificaciones profesionales relativas a los puestos de trabajo desempeñados a lo largo de su vida laboral en empresas relacionadas con la actividad periodística y audiovisual.

La Universidad obstaculizó el proceso

Entre los certificados aportados por Pomares, figuran dos documentos falsos, uno con membrete de una conocida productora de cine y televisión, y el segundo certificado, también falso, impreso en un folio blanco, en el que ni siquiera aparece la imagen gráfica de la empresa que lo emite. A instancias de la Secretaría General de la Universidad de La Laguna, la entonces jefa de sección de Recursos Docentes de la institución, Avelina Díaz Padrón, después de casi una decena de requerimientos notariales, envió al Rectorado una comunicación oficial, señalando literalmente que, “a la vista de la solicitud planteada por esa Secretaría General, una vez revisado el expediente que se indica, se adjunta copia de los certificados de la empresa Plató del Atlántico y Report Line Producción Audiovisual, que constan en el expediente de D. Francisco Pomares Rodríguez para concurrir a la plaza DL0455”. Ninguna de las dos empresas emitió esos certificados, ya que jamás han tenido relación profesional alguna con el periodista. La dirección de estas sociedades mercantiles calificó de “burda falsificación y manipulación” los documentos que aparecen en el expediente de méritos del periodista.

Según los documentos falsos aportados por el candidato a cubrir la plaza de profesor, este habría desempeñado trabajos en dos productoras audiovisuales diferentes, e incluso se detalla pormenorizadamente sus supuestas responsabilidades y atribuciones profesionales en distintos proyectos llevados a cabo por estas compañías. En el primero de ellos, con fecha de 16 de septiembre de 2014, la directora de producción de la mercantil Report Line, según consta en el documento descubierto, certifica que Pomares desempeñó en esa empresa el puesto de ‘Asesor del Director’ en una conocida producción cinematográfica internacional. En el segundo certificado, fechado seis días más tarde, el 22 de septiembre del mismo año, se indica literalmente: “El Sr. Pomares ha ocupado la dirección de Desarrollo de Proyectos para televisión en esta empresa en los años 2005 y 2006”. En ambos certificados figuran sellos de las empresas y garabatos a modo de firma que difieren radicalmente de las rubricas reales de los directivos de ambas compañías.

DENUNCIA ANTE EL RECTORADO

Estas anomalías fueron puestas en conocimiento del anterior rector de la Universidad, Antonio Martinón Cejas, a través de un requerimiento notarial, mediante el cual el Administrador de las empresas afectadas informaba literalmente a la máxima autoridad académica de La Laguna lo siguiente: “… Según ha llegado a nuestro conocimiento a través de funcionarios que han participado en el proceso de selección, por parte de D. Francisco J. Pomares Rodríguez, profesor asociado del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Trabajo Social, se ha hecho uso de documentación que compromete seriamente a las empresas a las que represento, con la finalidad de acreditar los méritos que le eran requeridos para la obtención de su plaza docente en esa Institución académica”.

En ese mismo requerimiento notarial, el administrador de estas dos productoras añade: “Ante la evidencia de que por parte del Sr. Pomares fue aportada documentación proveniente de tales empresas, y que la misma ha podido ser utilizada sin que conste su autenticidad, poniendo ello en entredicho la exactitud de la documentación, y, por tanto, perjudicando gravemente a las mismas, es por lo que por medio de la presente, se le requiere nuevamente para que proceda a hacer entrega de la copia íntegra del expediente de adjudicación de la plaza docente en cuestión, así como la resolución del tribunal que evaluó los méritos correspondientes”.

Desde la dirección de ambas productoras se informa que la obtención de la certificación de la Universidad de La Laguna se consiguió tras una ardua labor de insistencia que precisó de varios requerimientos notariales, ya que, durante meses, tanto la decana de la facultad como el propio Rectorado desoyeron la petición para facilitar copia de los documentos falsos que obran en el expediente de Pomares. Después de varios apercibimientos, también cursados por vía notarial, el Rectorado procedió a confirmar la existencia de dichos documentos y facilitar las copias demandadas.

FIRMAS FALSAS

Desde la dirección de las dos empresas se informa que las firmas que aparecen en los documentos son “rotundamente falsas” y, además, aseguran que “ese señor jamás ha visitado nuestras instalaciones y, ni mucho menos, ha desempañado ningún puesto de responsabilidad en esta casa, ni tan siquiera colaboración alguna”. La Directora de Producción, que firma uno de los certificados manipulados, indica que “conoce a este señor solo por vagas referencias en algunas de sus apariciones en medios de comunicación, pero que nunca lo ha visto en persona”.

Desde las productoras afectadas afirman desconocer cómo Francisco Pomares o alguna otra persona han podido confeccionar estos documentos ‘rotundamente falsos’ y confían en que en el proceso judicial aperturado por el Juzgado de Instrucción de La Laguna, se aclaren los hechos, que podrían tipificarse como delitos muy graves recogidos y castigados severamente en el Código Penal español.

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