Arona

La Fiscalía apoya la defensa de Mena ante el PSOE de una expulsión “injusta”

El juicio del alcalde de Arona contra el PSOE quedó visto para sentencia, después de tres horas de testimonios sobre si sufrió indefensión o no y la ruptura del grupo de Gobierno

José Julián Mena, sentado como demandante en el juicio oral contra su partido / SERGIO MÉNDEZ

“¿Indefensión? Eso mismo me pregunto yo. ¿Por qué estoy aquí? No he cometido nada, solo ser alcalde de Arona” respondió José Julián Mena cuando la abogada del PSOE insistía que no había atendido los requerimientos de su partido para presentar alegaciones al expediente de expulsión de militancia cursado hace un año. Y es precisamente la “indefensión” el argumento que utilizó el abogado de Mena para proponer a la jueza la nulidad del proceso de expulsión, algo que en que el Ministerio Fiscal se mostró de acuerdo. El juicio, celebrado hoy durante tres horas en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Arona, quedó visto para sentencia.


El juicio se llevó acabo después de que en marzo ese juzgado estimase las medidas cautelares pedidas por el alcalde y suspendiese los acuerdos de expulsión que habían adoptado la ejecutiva federal y el comité de ética y garantías del PSOE.


La expulsión de Mena y del concejal de Urbanismo Luis García se ratificó en diciembre del pasado año después de que el alcalde cesase al edil por supuestas irregularidades y se originase una división en dos del grupo de gobierno, de forma que de los 14 concejales del PSOE siete apoyaron a cada parte.


En el juicio, el Ministerio Fiscal insistió en que si hubo indisciplina por parte de José Julián Mena esa cuestión debió concretarse en el expediente, y que cuando se alega que personas ajenas a la corporación municipal tenían una influencia negativa también debería darse su nombre, así como los casos y cómo influyó. “Todo lo que no está en el expediente no existe, y todo eso no está”, sentenció.


La abogada que representó al PSOE señaló que el expedientado, tenía perfecto conocimiento de que podía presentar un recurso pero no lo hizo, y señaló que el correo electrónico en el que se comunicaba la expulsión lo recibió el 7 de octubre y disponía de cinco días de plazo para responder y no lo hizo hasta noviembre. Por ello, argumentó que el alcalde no ha sufrido indefensión.


La defensa de Mena destacó que en el proceso ha habido defectos formales al comunicar la expulsión por medio de un correo electrónico que, además, el afectado leyó siete días después de que fuese enviado, en lugar de hacerlo por medio de un burofax como se hizo en anteriores comunicaciones. Además, alegó como defecto de forma que en el expediente no se aclaren las causas de la expulsión.


También destacó que es llamativo que el comité de ética y garantías del PSOE diga que no se puede sancionar a un militante por la actuación de otras personas, y que este mismo órgano habla de que no es constitucional ordenar la entrega del acta de concejal y a la vez se sancione a Mena por ello.

Como testigos del PSOE declararon su secretario regional de Organización, Jorge González; la secretaria insular de Organización, Josefa Mesa, y los concejales Dácil León y Sebastián Roque, quienes en enero de este año fueron cesados por José Julián Mena, por considerar que actuaban con falta de lealtad.


El alcalde declaró que él no ha propiciado la ruptura y aseveró que en todo momento ha intentado que no se pusiera en juego la gobernabilidad del municipio. Reiteró que cesó a Luis García como concejal de Urbanismo porque había actuaciones posiblemente irregulares que él no podía permitir y porque se abrieron investigaciones penales.

Jorge González dijo, por videoconferencia, que cuando supo de la ruptura del grupo municipal Socialista de Arona habló por teléfono con el alcalde para decirle que la dirección del partido llegó a la conclusión de que se habían cometido faltas graves y no se podía continuar así.


Josefa Mesa declaró que debería ser el alcalde quien recondujese la situación y por ello se le dieron alternativas y consejos. Pero la situación empeoró y en julio de 2020 las direcciones insular, regional y nacional actuaron de forma conjunta ante la gravedad de la situación, y reconoció, al igual que el resto de testigos, que de las reuniones con todos los implicados no se levantó acta, excepto las entrevistas con los concejales del enviado de la ejecutiva Federal, Santos Cerdán.


Dácil León, que en aquellas fechas era concejal de Promoción Económica y Empleo, reconoció que los problemas comenzaron en 2019 debido a injerencias de personas ajenas al grupo de gobierno municipal, y afirmó que no había reuniones de los concejales socialistas para planificar el trabajo. Además expuso que Luis García reunió a los concejales para para que oyeran una grabaciones en donde “se podría hablar de una trama urbanística” en el Ayuntamiento, algo que “ya había oído por la calle”. Remarcando que “el alcalde hizo caso omiso y lo único que hizo fue cesar a Luis García”. En el mismo sentido se pronunció Juan Sebastián Roque, exconcejal de Deportes, indicó que los problemas comenzaron hace dos años por las intervenciones externas.