El Consejo de Ministros del Gobierno de España tiene previsto declarar mañana a la Isla de La Palma lo que popularmente se conoce como zona catastrófica, tal y como adelantó el pasado viernes su presidente, Pedro Sánchez, tras la celebración del Consejo de Gobierno de Canarias celebrado en dicha jornada y que resultó ser una cita histórica, dado que nunca había participado en los mismos el máximo representante del Ejecutivo estatal.
Como es obvio, la causa de dicha declaración obedece a la erupción que hace ocho días tuvo lugar en la zona de Cumbre Vieja, y lo primero que hay que tener en cuenta es que la misma comprenderá el conjunto de la Isla y no solo los municipios directamente afectados (El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte), lo que se justifica por “el incalculable daño sufrido por familias en todos los municipios y en gran parte de las actividades económicas de La Palma”, como se aclaró aquel día.
Para tener alguna idea de lo que ello supone, hay que reseñar que oficialmente se denomina “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil”, así como que está regulada por el capítulo V de la Ley del Sistema de Protección Civil, y que se reserva, como detalla el artículo 23 de dicha norma, a siniestros que “perturben gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada o cuando se produzca la paralización, como consecuencia del mismo, de todos o algunos de los servicios públicos esenciales”.
En la práctica, ello supone la posibilidad de conceder ayudas económicas directas tanto a particulares como a corporaciones locales.
Así, los particulares pueden recibir ayudas por daños en su vivienda habitual y enseres de primera necesidad, pero también se puede compensar a aquellos que hayan prestado ayuda o que hayan colaborado con sus bienes a hacer frente a los primeros momentos de la emergencia. Respecto a los municipios, podrán verse igualmente compensados por gastos de “actuaciones inaplazables” y recibir subvenciones por daños en sus infraestructuras y red viaria.
De especial interés en el caso palmero es que en la ley se prevén ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina, así como la apertura de líneas de crédito del ICO.
Además, la normativa también contempla la posibilidad de incluir medidas fiscales tales como la exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas o la exención de las tasas de Tráfico, además de medidas laborales como la extinción de contratos y reducciones de jornada y la moratoria en cotizaciones.
A este respecto, y según ha podido averiguar DIARIO DE AVISOS, en el Consejo de Ministros de mañana se aprobará la posibilidad de acogerse a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con el 100% de bonificación de las cuotas de la Seguridad Social.
Resta añadir que, una vez se declare la Isla como zona afectada por emergencia de protección civil, se constituirá una Comisión de Coordinación, integrada por representantes de las administraciones estatal, autonómica y local afectadas.
Reconstrucción
Esa declaración como zona catastrófica no es la única medida en la que intervendrá directamente el Gobierno estatal, por cuanto Sánchez anunció igualmente que ya se estaba trabajando en un plan de reconstrucción para el futuro a corto y largo plazo de la Isla.
En este Plan Especial de Reconstrucción para la isla de La Palma, para lo que se ha constituido una Comisión Mixta en la que participan todos los niveles de la administración: Gobierno autonómico, insular y local, el Ejecutivo estatal estará representado por el Ministerio de Presidencia y la Delegación del Gobierno de España en Canarias, y la aplicación del mismo se prolongará durante al menos dos o tres años.
Dicho plan, de carácter transversal, contemplará la financiación de medidas para sectores como la vivienda, el turismo, las carreteras, la canalización de aguas y las comunicaciones, entre otros
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