Fue a primeros del pasado julio cuando la sociedad civil tinerfeña volvió a ofrecer su cara más reivindicativa para protestar contra la falta de viviendas dignas para toda su población, uno de los problemas más importantes que acucia a una sociedad que presenta terribles carencias en cuanto a índices de miseria y pobreza sin que las coyunturas actuales sean, precisamente, favorables a revertir paulatinamente tal desgracia, sino más bien todo lo contrario.
Es más, la pobreza severa creció un 49% en Canarias en 2020 y afecta ya a 373.665 personas, el 16,5% de la población total del Archipiélago, lo que supone un total 132.285 personas más, según datos del inicio de la pandemia (2020) recogidos por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado y publicados hace unas semanas.
Al cabo de 34 días, la Acampada por una Vivienda Digna se asentó ayer en la santacrucera plaza de la Candelaria. El medio centenar de activistas trasladó su protesta antidesahucios desde las inmediaciones de la presidencia del Gobierno de Canarias hasta las cercanías del Parlamento.
Por aquel entonces, y a raíz de la convocatoria llevada a cabo por la Plataforma 29-E, El pueblo tiene hambre y Derecho y Acción Social, unas decenas de afectados se ‘mudaron’ con sus tiendas de campaña a la pequeña rambla existente frente a la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, donde permanecieron 34 días de forma ininterrumpida en una experiencia que les trajo la alegría por la solidaridad vecinal de ciudadanos y ciudadanos que no duraron en mostrarles su apoyo desde el mero toque de bocina por parte del conductor que circulaba por el lugar hasta la entrega de alimentos de forma desinteresada.
Pero también la tristeza de altercados con borrachos y alguna que otra presión policial que las autoridades, al tener conocimiento, siempre negaron haber ordenado.
Sea como fuere, con la llegada de la segunda semana de agosto y, al comprobar que las distintas negociaciones con, por ejemplo, responsables del Gobierno de Canarias, no llegaban a buen término, estos irredentos manifestantes optaron por trasladarse a la mucho más céntrica y concurrida plaza de La Candelaria, donde permanecen desde entonces.
Ya son más de cien los días transcurridos sin que se lleguen buenas nuevas para unas familias que, como ha ido relatando DIARIO DE AVISOS, se ven abocados a la injusta encrucijada de renunciar a la convivencia de sus miembros o, simplemente, recurrir a la okupación para no verse en la calle.
Familias como la de Hanni, una mujer de 49 años de edad que vive con sus dos hijos, uno de ellos mayor de edad y el otro de 10 años y a la crisis económica por la pandemia dejó sin ingresos prácticamente de un día para otro y ahora se enfrenta a un desahucio por impago impulsado desde un banco. O la de Estefanía, con apenas 20 años, quien se buscó el techo junto a su pareja y su bebé, de apenas un año de edad, en un piso abandonado de Ofra, pero también les llegó la pandemia económica y los ingresos de la familia se redujeron a los 215 euros del paro, y un fondo buitre tramita su desahucio. También está Cristo, de 26 años que vive en San Isidro junto a su pareja y sus dos niñas, de apenas uno y cinco años, pero la Covid cerró el hotel donde trabajaba y la dueña de la vivienda le conmina al pago de lo adeudado y a que deje de una vez la vivienda…
Son solo una muestra de los casos que protagonizan esta acampada que acaba de cumplir sus primeros cien días, porque al ser preguntado al respecto, el portavoz de 29-E, Lolo Dorta es muy claro: “De aquí no se va a levantar nadie”.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas