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Santa Cruz regulará el servicio de alquiler de patinetes eléctricos vía concesión

En estos momentos, cuatro empresas mantienen en la ciudad más de 500 vehículos de movilidad personal
Aparcar un patinete en la acera supone una multa y la retirada del vehículo al depósito municipal. / S. M.
Estacionar patinetes eléctricos en zonas peatonales conlleva una multa de 200 euros. / F. P.

La cifra exacta de patinetes eléctricos que circulan por Santa Cruz en régimen de alquiler se desconoce, pero con un simple vistazo a las aplicaciones que usan las cuatro empresas que en la actualidad ofertan este servicio en la capital se puede comprobar que la mayoría supera el centenar de vehículos, algunas incluso cuentan con más de 200. Se trata de un servicio cuyo funcionamiento ha despertado la crítica unánime de los vecinos de la capital ante la falta de sensibilización de usuarios y empresas, al dejar estos vehículos de movilidad personal aparcados en cualquier sitio, dificultando el tránsito de peatones, muchos de ellos con problemas de movilidad, que han visto multiplicados. Para poner coto a esta situación, fruto del vacío legal existente en la regulación de este tipo de transporte, el alcalde José Manuel Bermúdez anunció ayer que esta prestación será sacada a concurso público, de forma que solo se podrá dar el servicio de alquiler de patinetes eléctricos mediante una concesión y será una única empresa la que resulte adjudicataria del mismo.

“Existe un vacío legal que nos impide el control directo de estas empresas, puesto que funcionan como cualquier negocio de alquiler de vehículos”, apuntó Bermúdez. A pesar de esto, “vamos a regular el sector, primero a través de la ordenanza de movilidad, que establecerá los usos de este tipo de vehículo, y después con la concesión de una licencia, en la que se establecerán las bases para que la empresa que resulte ganadora del concurso preste el servicio en la ciudad”. Con todo, lo cierto es que no será hasta el año que viene que se pueda llevar a cabo esa regularización.

Mientras eso llega, aseguró el alcalde, “seguiremos la vía de la sanción, poniendo multas y retirando las patinetas cuando estén aparcadas en zonas que no está habilitadas para ello”. Y lanzó un mensaje dirigido a las empresas que actualmente operan en la ciudad, “aquellas que se están aprovechando del vacío legal para actuar mal, que sepan que les queda poco tiempo para disfrutar de esa situación”.

La concejala de Seguridad y Movilidad, Evelyn Alonso, constató que la Policía Local está llevando a cabo la retirada de patinetes mal aparcados en la ciudad, así como que se van a habilitar plazas de aparcamiento destinados a estos VMP, “para que no digan que no tienen espacios dónde aparcar”. Alonso, además, recordó que las sanciones por aparca en una zona peatonal o circular por ella, alcanzan los 200 euros.

Estos datos los ofrecieron desde el Ayuntamiento en la presentación de la campaña en medios por la accesibilidad universal, que persigue que la población no realice ciertos comportamientos que imposibilitan el desarrollo de la autonomía de las personas con algún tipo de discapacidad en la vía pública y que tendrá carácter regional, al entender que “por Santa Cruz no solo transitan los vecinos y vecinas de este municipio, sino que, como capital y ciudad administrativa, viene población de toda la Isla”, recordó el alcalde.

Como reconocía ayer el concejal de Accesibilidad, Javier Rivero, la alta competitividad entre las empresas para captar clientes está provocando que se multipliquen los espacios y lugares en los que aparecen los patinetes, con el único fin de llegar antes al posible usuario. Las empresas no tienen obligación alguna de comunicar al Ayuntamiento su instalación en la ciudad y se limitan a recoger en sus aplicaciones unas normas generales de uso, con la que depositan en sus clientes toda la responsabilidad. En estos momentos, oficialmente, el Consistorio desconoce el número de empresas y de patinetes repartidos por la ciudad, debido a ese limbo jurídico en el que se encuentra la capital. Otras ciudades, como la de Las Palmas de Gran Canaria, han optado por crear una empresa pública encargada de prestar el servicio. En Madrid, la opción es la de conceder licencias a distintas empresas, pero con un número limitado de patinetes para cada una.

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