El Gobierno abre hoy la puerta a recalificar terrenos para los afectados

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, confirmó ayer en el Parlamento autonómico que en el Consejo de Gobierno previsto para hoy se abordará el borrador de decreto ley urbanístico que ya se ha entregado a los tres ayuntamientos afectados (Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte) y al Cabildo de La Palma respecto al futuro uso del suelo ocupado por las coladas, con el fin de aprobarlo cuanto antes. Según remarcó, la intención del Gobierno de Canarias sigue siendo ofrecer el mayor arraigo posible a los afectados, por lo que no se protegerá todo ese suelo, se intentará que la reconstrucción se haga lo más cerca posible de los anteriores entornos y se empleará parte del suelo perdido para nuevas áreas agrícolas.

Esta reorganización de la normativa urbanística aplicable en los tres municipios citados es fundamental para dichos ayuntamientos a la hora de asistir a los vecinos que han perdido sus viviendas y/o sus explotaciones agrícolas ante el inclemente paso de las coladas de lava.

Sin ir más lejos, hay que tener en cuenta que el término municipal más perjudicado, Los Llanos de Aridane, cuenta hoy con un 86% de su suelo catalogado como rústico tras la anulación de su último plan de ordenamiento por parte del Tribunal Supremo. Ahora, este decreto ley autonómico abre la puerta a recalificar parte del mismo en urbanizable y, por ende, habilitarlos para que los afectados que puedan permitírselo edifiquen sus nuevos hogares lo más cerca posible de donde se hallaban sus casas. Mientras tanto, el portavoz en el Senado del PP, Javier Maroto, anunció ayer que la próxima semana reclamarán en la Cámara Alta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “que pase de las palabras a los hechos y que diga cuánto y cuándo van a llegar las ayudas prometidas” a los afectados por el volcán de La Palma. Durante su visita a la Isla, Maroto explicó que nadie duda de la buena voluntad de todas las instituciones, pero la solidaridad debe ser efectiva y son los gobiernos de Canarias y de España los que tienen la responsabilidad de aprobar la asistencia de una forma inmediata. “Las ayudas que están cuantificadas en 30.000 euros por vivienda no llegan, y las ayudas o llegan ya o ya no son tan útiles como alguien puede pensar”, señaló.