Política

El Gobierno anuncia un impulso a la salud mental en Atención Primaria

El consejero Blas Trujillo anunció ayer un proyecto piloto de atención psicológica en los centros de salud y afirmó que este año se han invertido 1.388.212 euros en nuevas contrataciones de personal

El consejero, Blas Trujillo, durante la sesión de ayer/Rafa Avero (Parlamento)

5.780 personas esperan a ser atendidas en Canarias por problemas de salud mental. Son cifras de la Consejería de Sanidad que ayer mencionó la diputada de CC Cristina Valido. El consejero, Blas Trujillo, anunció que, a partir del próximo trimestre, se comenzará a “implementar” un modelo para el tratamiento psicológico en los centros de Atención Primaria.

La Consejería no dio ayer la cifra exacta de los centros que se verán beneficiados, pero aclara que se trata de un “pilotaje” para “evaluar su eficacia” y adaptarlo a “las necesidades de la comunidad autónoma”. Es una de las acciones contempladas dentro del Plan de Salud Mental de Canarias, con un presupuesto de 100 millones de euros para el el periodo 2021-2024, y que este año ha incluido la contratación de 6 psiquiatras, 4 psicólogos, 14 enfermeros especializados, 2 auxiliares administrativos, 4 trabajadores sociales, 5 auxiliares de enfermería y 5 celadores, con un gasto de 1.388.212 euros. Además, se han puesto en marcha varias estructuras del ámbito de la salud mental, como las unidades de atención temprana de las Áreas de Salud de Fuerteventura y La Palma.

La pandemia ha disparado la preocupación por la salud mental y la ansiedad crece entre la población española, según revelaba el CIS, así que es esencial que el tema se cuele en el debate político, tan fosilizado a veces, sin perder de vista las condiciones de precariedad, pobreza, angustia y estrés que muchas veces disparan el malestar. Esa nube oscura llega también a la infancia, víctima de la escasez y los problemas de los hogares, como recordaba ayer la propia Valido en el debate del dictamen sobre infancia y adolescencia que aprobó el Parlamento entre aplausos unánimes.

Luego llegaron las preguntas al Gobierno. Y empezó Casimiro Curbelo -como casi siempre-, preocupado por el encarecimiento de los fletes marítimos y el impacto que eso tiene en el precio de los productos y en el bolsillo de la gente. Torres explicó que traer un contenedor antes de la pandemia podía suponer unos 1.000 euros, y que luego se llegó hasta los 15.000, pero que parece que la cosa ya va bajando.

Le tocó el turno a la diputada tránsfuga Vidina Espino, que acusó al Gobierno de querer subirse el sueldo por la puerta de atrás. Fue un debate un poco surrealista. El Ejecutivo presentó los presupuestos autonómicos y diijo que los altos cargos cobrarán lo mismo este año. Ayer, Espino afirmó que no es así. Torres le aseguró que sí, que las cuentas canarias no aplicarán a los cargos políticos la subida del 2% que contempla el presupuesto estatal para quienes trabajan en la Administración. Espino reiteró que el Gobierno quiere meternos “un gol”. “No estoy en política por dinero y creo que usted tampoco. A la gente lo que le interesa es que trabajemos para mejorar sus vidas en las cosas relevantes y esta no lo es”, le respondió Torres. Por si acaso, le animó a que los dos enseñen la nómina, a ver cuánto cobra cada uno…

No tuvo un buen día Pablo Rodríguez, de CC. En realidad, casi nunca tiene un día demasiado bueno. Ayer, se trataba de diseccionar “la gran mentira de la ejecución presupuestaria”. Y Rodríguez mencionó obras que tenían consignación en el presupuesto de 2021 y aún no se han ejecutado, como la dársena de Tazacorte, el instituto de Las Chafiras o la torre del Hospital Materno-Infantil de Las Palmas. “¿Cuántos años llevan algunas esas obras en los presupuestos de Canarias?”, le respondió Torres tirando de la lapidaria herencia recibida. Luego le recordó que este año ya se han ejecutado 6.774 millones, frente a los 6.100 del año pasado. A Rodríguez le quedaban unos segundillos, pero ni los usó.

Y llegó Nira Fierro, recién elegida ‘número dos’ del PSOE, para preguntar sobre la Ley de transición energética. Bueno, para preguntar no, para decir lo importante que es y para que Torres reiterara luego el mensaje. El presidente aseguró que “la gran amenaza del planeta es el cambio climático”, que esta es la ley más participada que hemos tenido nunca y que el ritmo marcado es el adecuado, a pesar de que algunos digan que vamos demasiado rápido y no se puede sacar tan pronto a los coches contaminantes de las ciudades. Y tiene razón, pero mi SEAT Ibiza de 22 años está tiritando. También anunció Torres, tras una pregunta de Luis Campos, de NC, que espera firmar la transferencia de Costas para el mes de enero. Aunque ya ha habido algún retraso. El Estado es una mole proclive a eternizarse.

Se habló también de financiación autonómica. Esther González, de Nueva Canarias, llevaba una pregunta para el vicepresidente Román Rodríguez. Andan las comunidades autónomas forjando alianzas para cambiar el modelo. Para Román Rodríguez, se tiene que consolidar la desvinculación de los fondos que recibimos por nuestro REF y los de la financiación. Y el modelo tiene que contemplar nuestras variables estructurales de pobreza, desempleo, lejanía e insularidad. Si no, mejor quedarnos como estamos.

Hubo ayer también debate sobre la Radiotelevisión canaria, en una comparecencia del Gobierno solicitada por Vidina Espino. Y habló Julio Pérez, que le pasa como a los periodistas en la era de la escasez: un día escribimos de Afganistán y otro día del aguacate. Si en el pleno anterior se fajaba en cuestiones migratorias con Astrid Pérez, indignado porque la alcaldesa protestaba por una zona para identificar a los migrantes recién llegados que hay cerca del centro de Arrecife, ayer le decía a Espino que lo de la tele no es un problema del Gobierno sino del Parlamento, que es el que tiene que elegir a la Junta de Control y a la dirección del ente público.

Mientras, dijo, está el administrador único, que es una figura que viene de la legislatura anterior. Y le recordó que el concurso para adjudicar los informativos, que tendrá que resolverse en breve, podrá deshacerse si el Parlamento aprueba un nuevo mandato marco con una tele completamente pública. Espino le acusó de cinismo, pues el Gobierno es el que tiene la mayoría en el Parlamento. Alguien le recordó luego que la oposición supuestamente tenía mayoría en la votación a la última Junta de Control de RTVC, pues la Agrupación Socialista Gomera votó con ellos. Pero les salieron varias fugas dolorosas. Mientras, José Alberto Díaz Estébanez, que siempre usa la ironía, se molestó por que Julio Pérez la usara con él. Y en un encendido minuto extra que le dio el presidente del Parlamento, acusó al consejero de “tics chulescos y antidemocráticos”. Se acabó la sesión, pero no el enfado del consejero por los calificativos usados por el diputado de CC.