María espera a las puertas del impecable pero improvisado despacho, donde uno de los tres notarios desplazados a La Palma por encargo del Consejo General del Notariado atiende cada día a entre 30 y 50 personas, todas afectadas por el volcán, la mayoría acreditando con fotos, con recibos municipales y con las populares hijuelas, papeles sueltos y ajados por el tiempo, la tenencia de propiedades que ya no existen.
María, madre de dos hijos y abuela de tres nietos, con su casa familiar sepultada bajo la lava y al cuidado de un padre que ya ha rebasado los 80 años, quiere regularizar una bodega que construyó, pero que a efectos del catastro no existía. Desde hoy está acreditada la existencia de una propiedad que ha desaparecido bajo la colada, pero que formaba parte de la propiedades materiales de María y su familia, un hogar que fue creciendo gracias al trabajo de cuatro generaciones. Los decanos de los colegios de notarios de Valencia, Canarias y Barcelona coinciden en lo inédito de esta situación, nunca antes vista en el ejercicio de su profesión, pero garantista en un ejercicio de técnica notarial y herramientas administrativas que darán respuesta a todos los afectados por la erupción volcánica.
“Si alguien era dueño de algo, se va a poder acreditar jurídica y administrativamente poniendo inteligencia y voluntad en este proceso, que es para nosotros inédito”. Así lo explica Francisco Cantos, decano del Colegio de Notarios de Valencia, que subraya que “estas notarías desaparecerán una vez termine esta situación insólita, donde ha desaparecido el objeto del derecho; nunca volverán a recuperar eso que acreditan, con lo que asistimos a un supuesto de desaparición del derecho”.
Este proceso permite justificar titularidades que existieron, como en el caso de los terrenos y la casa familiar de seis hermanos, tres sobrinos y dos nietos, que se dan cita en la sala de espera de la Casa de la Cultura para asistir a un acto que, inevitablemente, está acompañado por el duelo de la pérdida y por la necesidad de demostrar que la casa y los terrenos, hoy desaparecidos, existieron. Los notarios desplazados a La Palma salvan a los afectados de un limbo jurídico que ha incrementado los niveles de incertidumbre y angustia. Miles de damnificados, sin esta ayuda, nunca podrían acceder a las ayudas previstas en el decreto estatal, o de ámbito insular y regional, o bien a las indemnizaciones que les corresponderían.
Todo tipo de situaciones y casuísticas se dan cita en esta notaría provisional, en la que se encuentran vecinos de toda la vida, familias completas en las que concurren distintas circunstancias, muchas de ellas sin registro de casas, fincas, bodegas y pajeros compartidos, heredados a través de hijuelas que han pasado de las manos de padres y abuelos a hijos y nietos.
Muchos retrasan el momento de acudir a la notaría, porque “también para esto hace falta tener fuerzas, arreglando papeles, pidiendo recibos y hasta tomando la decisión de no rendirte y venir”, relata una de las afectadas mientras espera su turno. Muchos salieron de una casa a la que no volverán con lo puesto, la mayoría vecinos de El Paraíso y Alcalá, a los que la erupción sorprendió compartiendo sobremesa en el que parecía un domingo cualquiera de un mes de septiembre que ya ha pasado a formar parte de la historia de La Palma.
