Tenían razón los pesimistas que, tras la detección de una nueva variante de la COVID-19 surgida en Sudáfrica a primeros de mes, vaticinaron que, por segundo año, la pandemia actual arruinaría las fiestas navideñas en Canarias y, lo que es incluso peor a medio y largo plazo, la campaña turística de invierno, sin duda trascendental para la economía de los isleños. Aunque curiosamente la incidencia de dicha cepa, ómicron, es muy baja aún y la predominante sigue siendo la Delta por estas lares, solo es cuestión de tiempo que se imponga la también llamada Delta Plus, dada su formidable capacidad de contagio.
Después de que, por segundo día consecutivo, se bata la plusmarca de infectados en el Archipiélago en 24 horas durante los dos años transcurridos desde la primera aparición del virus en las Islas, a pocos les queda duda alguna de que vuelven las restricciones, tanto locales como las estatales y su repercusión en el exterior, especialmente en países como Reino Unido, desde donde llueven las cancelaciones de reservas turísticas desde que el pasado día 1 España exige pauta de vacunación completa a los menores de 12 a 17 años de dicha nacionalidad.
Sin ir más lejos, y tras notificarse ayer un total de 1.482 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas por toda Canarias (1.000 de ellos solo en Tenerife), el Gobierno autonómico no solo ha tenido que subir a las islas de Tenerife y Gran Canaria a nivel 3 de alerta y a la de La Palma a nivel 2, sino que también se solicitará un aval judicial al TSJC para que se pueda instaurar el certificado COVID de manera obligatoria -hasta ahora es voluntario- en actividades que generen riesgo epidemiológico.
Llegan los primeros efectos: desde hoy, en Tenerife y Gran Canaria las reuniones quedan fijadas en grupos máximos de seis personas, se estipula el cierre de locales a las 2.00 horas y los aforos se reducen al 50% en exteriores y 33% en interiores, salvo en hostelería, donde alcanzan el 75% y 40%.
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