El Gobierno de Canarias aprobó el pasado mes de julio la compra del edificio de la Consejería de Educación ubicado en la avenida Tres de Mayo de Santa Cruz, propiedad del Ayuntamiento capitalino, como consecuencia del pago de la responsabilidad civil del Caso Teresitas. Ayer, la Consejería de Hacienda, al frente de la cual se encuentra Román Rodríguez (NC), autorizó la firma del primer pago de esa compra, valorada finalmente en 30 millones de euros. Según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, la autorización del gasto se hace para un primer pago de 14 millones de euros, y se firmará ante notario en los próximos días.
Además, el Gobierno de Canarias, a través del área de Rodríguez, se compromete al pago anticipado de los 16 millones restantes, de forma que se complete el importe total de los 30 millones para que la Comunidad Autónoma pase a ser la propietaria de un inmueble en el que, además de la Consejería de Educación, también se encuentra la Agencia Tributaria Canaria. Un edificio por el que ha venido pagando 300.000 euros al mes en concepto de alquiler, primero al propietario original, Antonio Plasencia, y desde el año pasado al Ayuntamiento de Santa Cruz.
Así, el Gobierno de Canarias abonará esos 30 millones de euros para ejercer la opción de compra, que, sumados a los 50 millones que ha pagado por el alquiler desde 2005 hasta la fecha, sitúan el montante global de la operación en los 81 millones de euros, según informó el Ejecutivo regional en julio pasado.
De este modo, la compra del edificio permitirá un ahorro a las arcas de la Comunidad Autónoma durante la vida útil del inmueble (50 años) de 58 millones de euros, ya que el alquiler en ese mismo periodo (2005-2056) hubiera supuesto un desembolso de 140 millones de euros. El Gobierno explicó entonces que, a ese ahorro de 58 millones al ejercer la opción de compra en vez de continuar con el arrendamiento, se suma que el Gobierno de Canarias se queda con un inmueble valorado en 23 millones de euros una vez conseguida la propiedad y al final de su vida útil.
Por último, puntualizaba que de los 30 millones de euros de la opción de compra, siete millones se pagarán este mismo año y el resto en los próximos cuatro, cantidad que, finalmente, ha sido duplicada con la autorización de esos 14 millones y el compromiso de pago anticipado de los otros 16.
El Ayuntamiento de Santa Cruz se hizo con la propiedad del inmueble ubicado en Tres de Mayo a través de la sentencia del Caso Las Teresitas, en la que los condenados, además, debían indemnizar al Consistorio con más de 90 millones de euros. Parte de ese pago se hizo con la entrega del inmueble en el que se ubica la Consejería de Educación, y con el edificio Auditorio, que se levanta en la zona de Cabo Llanos y que sigue sin tener un uso definido, y que el Ayuntamiento de Santa Cruz también está dispuesto a vender.
Aunque estas no son las únicas propiedades que el Consistorio chicharrero negocia con el Gobierno de Canarias para su venta.
La parcela hotelera que posee la Corporación en Cabo Llanos, de 3.053 metros cuadrados, que linda con la rotonda de acceso al túnel de la avenida Tres de Mayo con la calle Doctor Antonio Perera Reyes, y con las avenidas de la Constitución y Víctor Zurita Soler (junto al Intercambiador de guaguas de Santa Cruz), y que tiene uso comercial y turístico-hotelero, es el espacio, uno de los que mayor valor tiene en su patrimonio el Ayuntamiento de Santa Cruz, en el que el Gobierno de Canarias quiere levantar un nuevo edificio de usos múltiples para la capital, y así se lo comunicó al Consistorio este mismo año, abriendo así una negociación para materializar esa posible venta.
El inmueble de Cabo Llanos, el siguiente en la lista de venta
El Ayuntamiento de Santa Cruz va a ver incrementadas sus cuentas de cara a 2022 con esos primeros 14 millones de euros. Un dinero que se podría ver aumentado si, finalmente, logra vender también el edificio que se alza en Cabo Llanos y que el Ayuntamiento capitalino también ha ofrecido al Gobierno de Canarias, que se ha mostrado interesado en su adquisición, como confirmaba el alcalde, José Manuel Bermúdez, hace unos meses. La operación de venta al Ejecutivo canario se vincularía a la futura Ciudad de la Justicia, para ubicar dependencias judiciales en el inmueble, y el precio que el Consistorio espera recibir superaría los 20 millones.
