El Juzgado de Primera Instancia número 3 de La Laguna ha desestimado la solicitud de medidas cautelares -previa a la demanda- presentada por los concejales no adscritos en el Ayuntamiento de Tacoronte, Carlos Medina y Sandra Ramos por haber sido expulsados del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con la consecuencia de pérdida de los cargos públicos que ostentaban de acuerdo al Estatuto Federal del mismo.
Tras la decisión de la Comisión Federal de Ética y Garantías motivada porque desobedecieron las directrices del PSOE de pactar con Ciudadanos en las últimas elecciones en lugar de hacerlo con Nueva Canarias (NC) y Sí se puede, la Justicia considera que “no se han vulnerado sus derechos fundamentales de defensa, tutela judicial efectiva y participación política en los que se funda la solicitud y y que tampoco hay periculum in mora (peligro en la demora procesal), ya que el único perjuicio real que se causaría sería el de reducción de las retribuciones, que podría ser resarcido económicamente”.
La justicia argumenta que lo que Medina y Ramos solicitan como medida cautelar antes de interponer una demanda de protección de derechos fundamentales, “es la suspensión del acuerdo que les expulsó como militantes del PSOE pero no explican en ningún momento cuál es la urgencia o necesidad que la justifica antes de interponerla en lugar de solicitarla con ésta, que es la regla general. Tampoco proponen ninguna prueba. Sólo esto ya sería razón para desestimarla”.
Así, el expediente sancionador ha preservado el derecho de defensa ya que los actores han reconocido en sus respectivos interrogatorios que se les dio audiencia, se les notificó el pliego de cargos y que tuvieron derecho a alegaciones y a recursos). Respecto al de tutela judicial efectiva, los propios actores “están siendo escuchados por este Juzgado, teniendo así acceso a los tribunales” mientras que en lo que se refiere a la participación política, no han perdido sus cargos de concejales ya que siguen siéndolo aunque sin estar adscritos a ningún partido político y forman parte del Pleno municipal, en el que ostentan voz y voto.
La Justicia añade que la suspensión del partido “lo que único que haría sería reintegrarlos cautelarmente a la militancia”, no los devolvería a la condición de concejales delegados que tenían en su día “ya que eso depende de una resolución de la alcaldía. Y si hablamos de percepciones económicas, no sustentan un periculum in mora porque son resarcibles de forma dineraria” dado que cobran por asistencia a pleno y a comisiones informativas.
La Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE abrió expediente en 2019 a Carlos Medina y Sandra Ramos, en ese momento secretario general y secretaria de organización del comité local, respectivamente, encargados de recibir las instrucciones de las Ejecutiva insular y regional y por lo tanto, “eran conocedores de que se estaba adoptando una decisión que suponía una acción de indisciplina, que iba a tener consecuencias para la imagen del partido”.
Sin embargo, archivó el expediente del otro edil socialista, Tarsis Morales, actualmente responsable de las áreas de Urbanismo, Costas, Patrimonio y Accesibilidad, además de primer teniente de alcalde, porque a diferencia de sus compañeros el instructor del caso sostuvo que “no ha quedado acreditado que éste fuera consciente de que su actuación suponía las infracciones que se le imputaban”.
“Se ha actuado con otros intereses, distintos a los que decidió el pueblo”
Los ediles no adscritos en el Ayuntamiento de Tacoronte Carlos Medina y Sandra Ramos, expulsados en junio del Partido Socialista (PSOE) y por ende, de los cargos públicos que ostentaban vinculados al mismo, confirman que seguirán adelante y presentarán una demanda contra el PSOE porque consideran “arbitraria” la decisión judicial.
A ambos les parece “una tremenda injusticia” que hayan sido expedientados y expulsados del partido mientras que a su compañero Tarsis Morales “no solo se le indulta sino que además, se le dan más responsabilidades. Por eso seguimos considerando que se actuó con otros intereses distintos a los que decidió el pueblo”.
En concreto, se refiere al pacto firmado en 2019 entre NC, PSOE y Sí se puede, que recogía que los dos primeros años de Alcaldía eran para la primera fuerza política y los dos últimos, para la segunda y que no se ha cumplido.
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