El Consejo del Gobierno de Canarias aprobó ayer, a propuesta de la Consejería de Sanidad, subir a las islas de Tenerife y Gran Canaria a nivel 3 de alerta epidemiológica y a la de La Palma, a nivel 2. El cambio de nivel entrará en vigor a las 00.00 de la madrugada de hoy. Fuerteventura sigue en nivel 3, semáforo rojo, y las islas de Lanzarote, La Gomera y El Hierro en el 1. Además, solicitará el aval del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para exigir que el certificado COVID pase a ser obligatorio en determinados negocios o actividades y no voluntario como en la actualidad.
El viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, afirmó que el “aumento notable” de casos de coronavirus, tras batirse hoy un nuevo récord diario con 1.482 contagios, preocupa al Gobierno, que ha decidido también que se suspendan las celebraciones navideñas en los centros escolares. Olivera recalcó que la situación sanitaria es de “especial preocupación” en Tenerife, después de registrarse ayer 1.000 casos, y presentar 65 de los 78 casos de la variante ómicron en el Archipiélago. Gran Canaria sumó ayer 342 casos; Lanzarote, 61; Fuerteventura, 47; La Palma, 24; La Gomera, cinco, y El Hierro, tres.
Respecto a la obligatoriedad del certificado COVID, Olivera explicó que será la Consejería de Sanidad la que “tramite cuanto antes” este requerimiento al TSJC y recordó que los cambios de nivel entrarán en vigor esta madrugada a las 00.00 horas, “más rápido de lo habitual” por el “repunte tan vertiginoso”.
En el documento que Sanidad envíe al TSJC se deberá “perfilar mejor” en qué ámbitos y en qué actividades se podría aplicar de forma obligatoria y si, como hasta ahora, la aplicación de esta medida conllevaría una reducción de las restricciones o no. “Parece lógico que si se aplica de forma obligatoria no suponga mejoras en las condiciones”, reflexionó Olivera, que, además del aumento de casos, achacó esta decisión al último pronunciamiento del Tribunal Supremo favorable al certificado COVID y a las medidas que han tomado otras comunidades. Asimismo, destacó que, por ahora, no hay una presión hospitalaria “elevada”, pero la evolución de la pandemia apunta que “habrá más ocupación” de camas en un par de semanas.
El Ejecutivo regional achaca el notable incremento de contagios, que han crecido “bruscamente”, a un “aumento notable” de la movilidad, el ocio y los encuentros masivos producido por puente de diciembre, la “mayor relajación” de la población derivada “lógicamente de la extensión de la vacunación” que tiende a ser menos prudente, el “cansancio pandémico” y a la aparición de la variante Ómicron, especialmente en Tenerife, una tendencia que se aprecia que es similar a la observada en otras comunidades y países europeos. Además, descartó que los casos importados por turistas tengan un impacto relevante en los datos de propagación del virus en las últimas semanas.
“Afortunadamente, sus consecuencias no son tan intensas, pero es una variante muy contagiosa y puede acabar llegando a población vulnerable, causando ingresos en UCI y fallecimientos de personas”, recalcó.
Olivera comentó que el virus está encontrando “mayor terreno de expansión” en aquellos grupos de edad en los que la pauta completa está menos extendida, como los menores de 12 años, pero especialmente entre las personas de 20 y 29 años, donde los contagios crecen “de forma muy relevante”. “En estos grupos de edad la pauta completa no llega a los índices de cobertura más elevados y se está notando”, subrayó.
Igualmente, indicó que se suspenden los eventos navideños en los centros educativos, si bien las clases continuarán hasta el día 22 de diciembre, dado que se considera a las aulas como “espacios seguros” y que han ayudado a contener el virus.
Restricciones
Debido a este cambio, en Tenerife y Gran Canaria, más Fuerteventura, las reuniones quedan fijadas en grupos máximos de seis personas, se estipula el cierre de locales a las 2.00 horas y los aforos se reducen al 50% en exteriores y 33% en interiores, salvo en hostelería, donde alcanzan el 75% y 40%, respectivamente. Además, se aconseja el aplazamiento de eventos multitudinarios o se realizarán, si obtienen autorización, con un máximo de 1.000 personas.
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