El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha abierto una actuación de oficio en respuesta a la petición de la Iniciativa de Apoyo Ciudadano a Afectados por el Volcán de La Palma, en la que se integran las cinco asociaciones vecinales y empresariales que el pasado mes de diciembre convocaron una concentración en Los Llanos de Aridane.
Entre la satisfacción y la sorpresa por la prontitud en la respuesta, se encontraban algunos de los afectados que lideran esta iniciativa, quienes han recordado que “pese a que han pasado semanas desde que hicimos llegar el mismo documento a todas las administraciones, solo nos había contestado el Diputado del Común, pero ningún político”. Los afectados están esperanzados y creen que esta puede ser una herramienta para que la gestión de la reconstrucción pueda mejorar sustancialmente y sacarlos de una situación de incertidumbre en la que, aseguran, muchas de las familias siguen viviendo en caravanas, otras con familiares y amigos, mientras siguen sin llegar la totalidad de las donaciones solidarias, con más de 10 millones de euros en el caso del Cabildo, que, de momento, ha hecho efectivo el pago de 2,6 millones de euros atendiendo a una baremación que tardó más de un mes en estar redactada y en vigor. El retraso ha atendido, han reiterado desde el Cabildo, a la apertura del Registro Único que permite el acceso a los datos fiscales y socio económicos de los damnificados.
Apenas dos horas tardó el Defensor del Pueblo, con sede en Madrid, en contestar afirmativamente a la demanda de su intervención ante las administraciones estatal, regional, insular y locales. Dicen desde la Iniciativa de Apoyo Ciudadano de Afectados por el Volcán, que esta intervención es imprescindible “porque una cosa son los que legislan y toman decisiones, y otros los que nos van a defender; solo podemos sentir una gran ilusión y acoger esto como una buena noticia en esta larga espera por soluciones”.
Explican que en el documento “hemos recogido las demandas planteadas tras 117 días de catástrofe”, lo que entienden como “una nefasta gestión de las administraciones, muy alejada de las necesidades vitales de los que estamos afectados por el volcán”, y en una situación que dicen “está provocando una gravísima fractura social en la isla de La Palma que afecta directamente a la dignidad de las más de 7.000 personas evacuados, así como a los cientos de negocios y de empresas que están sufriendo las consecuencias”.
En una misiva que han hecho llegar también al Defensor del Pueblo, señalan que “a día de hoy sigue habiendo vecinos que duermen en garajes y en caravanas, personas mayores sin acceso a dietas específicas para dolencias como la diabetes, parejas jóvenes que han perdido su hogar y su trabajo, que no tienen recursos para alimentar a sus bebés o los más de 12 millones de euros en donativos que no llegan a sus destinatarios”. Son lo que llegan a calificar como “graves irregularidades que afectan a la transparencia y a la participación democrática de los afectados, en los procesos de reconstrucción tras el volcán”. Lo que para el Estado y el Ejecutivo regional, Cabildo y ayuntamientos es una respuesta habitacional transitoria en tanto se adapta el planeamiento y se ejecutan obras, para los afectados es una solución con “infraviviendas que no resuelven los problemas habitacionales”.
Algunos de los afectados han planteado la posibilidad de llegar a los tribunales para reclamar la recuperación de sus viviendas y patrimonios, en virtud de que la Administración “tenía información de los mapas de riesgos y evidencias de actividad volcánica, nos visó los proyectos y nos dio las licencias y las cédulas de habitabilidad, mientras que nosotros pagamos nuestros impuestos y ahora parece que no va con ella la responsabilidad patrimonial, abonando miseria por la pérdida de las propiedades”.
Entre las quejas, el abandono de la atención psicológica a los afectados, después de que se haya terminado el contrato de las 15 psicólogas que prestaban asistencia a más de 300 personas y que no han sido recuperadas, impidiendo la conclusión del proceso de recuperación del duelo y provocando la suspensión de todas las citas. Pese a que la Administración ha planteado que la atención psicológica pase a manos de Sanidad, los afectados entienden que es una falta de respeto a los usuarios del servicio, obligándoles a cambiar de profesional y condicionando su recuperación.
Los fondos que se han movilizado
Casi en paralelo a la respuesta del Defensor del Pueblo en Madrid, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, presentaba un balance de datos del informe de rendición de cuentas, entre las que la respuesta a las urgencias y la millonaria inversión que está llegando a La Palma tenía un lugar destacado.
“El Ejecutivo ha movilizado, en tiempo récord, ayudas y actuaciones que implican más de 440 millones de euros para la Isla, de los que hasta ahora ha utilizado 250 millones. Unas inversiones que han permitido tomar medidas para paliar los daños sufridos y promover la reconstrucción de la Isla”, dijo Pestana. La creación de organismos de coordinación e intercambio de información, la Comisión Interministerial para el Plan para la Reconstrucción de La Palma y la Comisión Mixta para la Reconstrucción, Recuperación y Apoyo de la Isla fueron algunas de las menciones al trabajo de coordinación de las administraciones públicas, entre las que figuran la activación de medidas extraordinarias para las empresas y personas trabajadoras afectadas por la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja, a través del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre; medidas urgentes para la protección del empleo; la recuperación económica, y la mejora del mercado de trabajo.
Además, cinco millones de euros para atender gastos de primera necesidad y los 5,5 millones para la adquisición de viviendas, así como 17,6 millones de euros en una subvención a la Comunidad Autónoma para financiar un Plan para la recuperación del sector turístico y de apoyo a pequeñas y medianas empresas son parte del paquete de los 250 millones de euros movilizados, así como otros 500.000 euros en ayudas para la financiación de medidas preventivas y de atención a víctimas de violencia de género.
Asimismo, añade, se incluye una financiación extraordinaria a la Comunidad Autónoma por importe de 500.000 euros para la prestación básica de servicios sociales. Y, agrega Pestana, “se han creado sistemas reforzados de asistencia jurídica, notarial, judicial y de consulta en el registro de la propiedad para ayudar a quienes hayan perdido sus casas por las erupciones volcánicas en La Palma”.
En un comunicado, se señala que también se ha aprobado una partida de 18,8 millones de euros para paliar los daños ocasionados por la colada y las cenizas en las explotaciones agrícolas y ganaderas, así como ayudas para el sector pesquero afectado por la actividad volcánica. Además, prosigue, habrá medidas fiscales mediante la reducción de los índices de rendimiento neto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y subvenciones para la obtención de avales, a través de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria y otros 63 millones de euros para financiar un Plan Extraordinario de Formación y Empleo y la activación de los ERTE de los que se están beneficiando 1.382 personas y ayudas para 400 autónomos.
Desaparece la tolerancia palmera ante las soluciones a largo plazo
La potencial exclusión social por la que miles de familias se sienten amenazadas y la manifestación de un estallido social son los miedos de unas administraciones que, pese a haber movilizado cantidades millonarias para la reconstrucción, no conforman a los que siguen viviendo con familiares y en caravanas, una opción que han preferido a la complejidad de demostrar el pago de alquileres cuyos precios se han disparado en el Valle. La tradicional tolerancia social de los palmeros ante los retrasos y anuncios de actuaciones a largo plazo es inexistente.
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