Intersindical Canaria (IC) denunció ayer la “incapacidad” del Servicio Canario de la Salud (SCS) para dar solución a la actual “saturación” asistencial que vive el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc), en Tenerife, ante el incremento de casos por COVID.
Las cifras actuales de ingresos de pacientes COVID no solo están provocando la fatiga y el cansancio de la plantilla de profesionales del sector debido a la sobrecarga laboral, sino que, además, “ve mermada su capacidad asistencial” al verse obligado a suspender actividad quirúrgica no urgente y a retrasar o posponer consultas y pruebas ordinarias, lo que tendrá repercusión en los próximos meses en el estado de salud de la isla.
“La realidad es que, a día de hoy, son seis las Unidades de Hospitalización prácticamente ocupadas por pacientes con COVID, una UVI llena, viéndose obligados a usar la Unidad de Recuperación posquirúrgica para atender a los pacientes críticos, lo cual obliga a paralizar mucha de la actividad quirúrgica programada”, alertó.
Además, se suman las obras del nuevo edificio de Urgencias que, “si bien es una demanda solicitada desde hace décadas, no es de recibo que las obras actuales de ampliación mermen el espacio actual del servicio de Urgencias para atender a los pacientes y dificulten el tránsito de los sanitarios para realizar su labor”.
Denuncian que las obras provocan situaciones que son “inviables” como el hecho de que “niños y mujeres embarazadas circulen por pasillos con aglomeraciones de pacientes, por la puerta del cuarto de paro, lo que resulta inadmisible”.
Por todo ello, desde IC, se critica a la Consejería de Sanidad por ser “incapaz de prever” una situación como esta en el hospital. “No se entiende que el SCS no haya sido capaz de anticiparse y planear espacios alternativos y que las condiciones en las que se está trabajando dificultan aún más el escenario de un hospital, que se encuentra saturado por la sexta ola, llegando al límite con la fatiga pandémica a la que se está sometiendo al personal”, indica.
El sindicato denuncia que 90 camas están ocupadas por pacientes sociosanitarios con alta administrativa a la espera de que el Gobierno encuentre recursos a dónde derivarlos, “lo que resulta inadmisible encontrándose este hospital en la situación actual”, y lamenta que no se deriven a clínicas concertadas ni se busquen alternativas en centros o hoteles.
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