El Gobierno de Canarias ha presentado, en su reunión del Consejo de Reconstrucción, las bases del modelo de planificación urbanística y socio económica para el lacerado Valle de Aridane, un modelo que “trata de mejorar lo que había antes del 19 de septiembre”. Así lo resumió el consejero de Política Territorial y Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, al término de una reunión que presidió, vía telemática, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y en la que participaron, además de alcaldes de la comarca oeste, el presidente y vicepresidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata y Borja Perdomo, respectivamente, y el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas Parrón.
En abril se cerrará la propuesta de acción definitiva, precedida por otras acciones mucho más urgentes: la respuesta en materia de vivienda a 300 familias de las 1.000 registradas y la tan demanda ejecución de la carretera de la Costa, que permitirá reconectar Tazacorte y Puerto Naos salvando parte de las coladas volcánicas. Esta obra, a falta de los informes técnicos y la seguridad jurídica que la ampare, se ejecutará por la vía de emergencia, acortando plazos y atendiendo a la demanda del consejero insular de Infraestructuras. Todo ello con una inversión que, muy probablemente, pese a que Parrón no llegó a confirmarlo, saldrá de las arcas estatales y que asciende a 45 millones de euros.
El Estado será el gran hacedor de las obras, motivo por el que la estrategia de trabajo para diseñar esta gran planificación, que estaría lista en el mes de abril, fue presentada a la ministra Sánchez y a su secretario general de Vivienda. “Este marco de trabajo debe darnos garantías de que la propuesta final es acertada y, lo que es más importante, avalada por los afectados, por empresas, por las propias administraciones locales y por el conjunto de la sociedad de los tres municipios afectados”. El consejero autonómico de Política Territorial señalaba así la que entiende como necesaria participación de los damnificados más allá de la fase de escucha de Revivir el Valle.
A la misma hora en la que el alto cargo ministerial y el consejero autonómico junto a Borja Perdomo comparecían, una de las plataformas de afectados más mayoritaria y menos beligerante de las constituidas tras la erupción expresaba su queja por la falta de “un proceso participativo real” y advirtió de los riesgos de “politizar” la reconstrucción, aún más habiéndose cruzado el ecuador de la legislatura.
La importancia de la emergencia
La burocracia y los lentos procesos administrativos solo podrán ser agilizados en aquellas grandes obras declaradas de “emergencia”, lo que se da por sentado en el caso de esa vía por la costa, aún a falta de definir, con exactitud, su trazado. José Antonio Valbuena detalló la metodología de trabajo, que desde octubre ya ha pasado por la “fase de conocimiento de lo que existía”, antes de que la lava convirtiera parte del Valle en una gran cicatriz bajo la que quedaron algo más de 1.200 hectáreas, 75 kilómetros del viario, y unas 1.700 edificaciones.
En una segunda fase que los afectados entienden largamente madurada, se han establecido los impactos y sus consecuencias, por lo que resta consensuar el documento de necesidades globales para la reconstrucción. Este plan, estima Valbuena, estará listo en el mes de abril, transformándose en definitivo con la propuesta de reconstrucción.
El secretario general de Vivienda, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antiguo ministerio de Fomento), aseguró en rueda de prensa, tras más de dos horas de reunión, que el Ministerio “coincide con el planteamiento que se nos ha realizado”.
De esa planificación, de documentos y de presupuestos, quedan fuera las urgencias para reconectar el Valle y evitar su muerte económica, además de la respuesta habitacional a cientos de familias.
Ministerio de Transportes, Gobierno de Canarias y Cabildo, de acuerdo con los ayuntamientos, constituirán dos comisiones de trabajo, una de infraestructuras y otra de vivienda, en las que se intentará mantener un ritmo ágil. El equilibrio entre la planificación y las urgencia de las familias tendrá que coexistir, aún cuando sea en paralelo. “Todos tenemos claro la urgencia de intervenir en la carretera de la costa o en la creación de nuevas viviendas, pero todas las decisiones que tomemos ahora deben de contar siempre con el amparo jurídico necesario para que todas estas actuaciones sean un éxito”, señaló el consejero de Vivienda en el marco de la reunión.
La revisión de la planificación más allá del decreto de urgencia para paliar los daños urbanísticos ocasionados por la erupción; despejar la incógnita de con qué herramientas urbanística se actuará en el caso de Los Llanos de Aridane, con un PGO del 87; además de esquivar los embates de la burocracia y hacer frente a las impopulares, pero, ahora sí, imprescindibles expropiaciones, son parte de un difícil ejercicio de equilibrio para dar respuesta y contentar a todos y cada uno de los 2.300 afectados directamente, además de unas 3.000 personas que desde el 19 de septiembre siguen en viviendas de alquiler o con familiares, esperando regresar a Puerto Naos y La Bombilla, lugares en los que se siguen registrando niveles de CO2 letales para cualquier ser vivo.
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