“Buscar suelo para que, con la inversión pública, adquirir o expropiar, urbanizarlos y dar a la gente como una ayuda en especies, el suelo necesario donde puedan reconstruir su vivienda”. Esta es la posición de Nueva Canarias en el Gobierno autonómico,expuesta por el coordinador Económico de la oficina para la atención de los afectados por el volcán en La Palma, Miguel Ángel Pulido, y sustentada en el argumentario expuesto por el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, el pasado martes en el Pleno del Parlamento.
Reconocen desde Nueva Canarias que el decreto ley autonómico de medidas urgentes en materia urbanística es válido solo para aquellos que, o bien tengan terrenos en propiedad o bien dispongan de capacidad económica suficiente para la compra de terrenos a terceros, cosa que no ocurre con la gran mayoría de los afectados.
“La mayoría no tienen suelo y, por tanto, la Administración y el Gobierno deben priorizar esa acción con cargo a la partida extraordinaria incorporada por el Ejecutivo de Canarias para colaborar en la recuperación de La Palma”, dijo. Esa partida extraordinaria, propone Pulido, debería estar destinada a “adquirir y urbanizar suelo para construir esos barrios, esos nuevos asentamientos”, de los que concreta que “deben ser en zonas contiguas a los suelos urbanos donde ya tenemos los equipamientos, las infraestructuras, donde tenemos próximos los servicios que hay que prestar a estas familias y crecer de una forma ordenada y más sostenible de lo que habíamos hecho en las últimas décadas”.
El presidente del Cabildo palmero, Mariano Hernández, se manifestó sobre el encarecimiento del suelo en el Valle indicando que “tengo esperanzas de que, con el tiempo, se regulen los precios, porque la oferta del suelo rústico en Los Llanos de Aridane es muy elevada”.
Pese a esa expectativa, el propio Hernández reconoce que no es plausible pedirle paciencia a los afectados ante un proceso de regulación de los precios, mientras ansían reconstruir cuanto antes sus casas. “Si nos piden mucho dinero por unos terrenos, hay que ser conscientes de que hay mucha bolsa de suelo rústico con otros precios, estoy seguro, y al final es oferta y demanda”, manifestó.
Lo que sí parece claro es que el decreto ley concebido a partir de la petición de afectados y ayuntamientos, eliminando las trabas urbanísticas en suelos no aptos para urbanizar, no es la solución única a la recuperación de viviendas. El consejero de Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, ya dijo en el Parlamento que es posible la articulación de otros decretos para atender necesidades puntuales. La compra de suelo y su urbanización por parte de la Administración pública podría ser el soporte para comenzar a diseñar la estructura de reconstrucción, con viviendas definitivas.
Esta medida fuera de la política más liberalizadora hace valer el artículo 47 de la Constitución Española, que advierte de la obligación de los poderes públicos para proceder a regular la utilización del suelo en favor del interés general para impedir la especulación. La intención es lograr la recuperación de barrios o zonas rurales, como El Paraíso, El Pampillo, Alcalá o Todoque, una meta que desde la Consejería de Obras Públicas, han recordado desde que se inició la entrega de viviendas provisionales, tardará “entre tres y cuatro años”.
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