la palma

Los damnificados por el volcán presentan alegaciones al decreto en materia urbanística

La plataforma pide que se autorice construir para restituir no solo primeras viviendas, sino las dedicadas a alquiler o casas de turismo rural

La Plataforma de Afectados por el Volcán Cumbre Nueva ha dado registro de entrada en el Parlamento de Canarias a un listado de alegaciones para modificar el texto del decreto ley que permite construir en suelos y zonas del Valle de Aridane, donde antes de la erupción volcánica hubiera resultado imposible.

De estas alegaciones están ya al tanto el presidente de la cámara regional, la Mesa y todos los grupos políticos con representación en el Parlamento. La intención es que se introduzcan modificaciones en ese texto, aprobado tras dos meses de trabajo de técnicos del Cabildo, oficinas de urbanismo de los ayuntamientos de Los Llanos, El Paso y Tazacorte, de Gesplan y del propio Ejecutivo autonómico. Recuerdan los afectados integrados en esta plataforma que esta es una fase clave para la reconstrucción, de hecho, la decisoria de cómo, dónde y en qué condiciones van a vivir las más de mil familias afectadas por la erupción.

Aún no está claro si el nivel de exigencia que plantean es asumible, alguno compartido por la Comisión Insular de Federación Canaria de Municipios, que integra a los 14 ayuntamientos palmeros, como la solicitud de la misma distensión a la hora de hacer uso de suelos en los que no está autorizada la construcción de viviendas.

El argumento es claro: contar con la posibilidad de rehacer su proyecto de vida en otros municipios, aprovechando suelos que ya tienen u otros que pueden adquirir, sin que esto suponga un problema para el temido despoblamiento del Valle de Aridane.

En el texto de las alegaciones recuerdan que “imposibilitar a un afectado que reproduzca su vivienda sepultada en otro municipio de La Palma que no sea el territorio de los tres municipios afectados es olvidarse de que el problema del volcán debe girar en torno a los afectados y no a los territorios y nunca los términos municipales deben suponer una limitación a los derechos de los afectados como es el derecho de acceso a la vivienda”.

En sus alegaciones van más allá y señalan la necesidad de que el decreto autorice construir también para compensar aquellos casos en los que no se trataba de restituir la primera vivienda, sino otras dedicadas al alquiler vacacional o tradicional, o casas de turismo rural. Una de las cuestiones más relevantes en el glosario de alegaciones presentadas a la cámara autonómica para su debate y estudio es la ampliación del plazo de 18 a cinco años para la presentación de proyectos.

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