Es solo un caso, pero harto significativo de lo pudo llegar a suponer el pago de las plusvalías municipales para los vecinos. Ocurrió en Tenerife, y el afectado (que prefiere guardar el anonimato) se vio forzado a afrontar un gasto inesperado de 24.000 euros, que tuvo que pagar para aceptar la donación de una casa que le hizo su propia madre. Sin embargo, la Justicia ha puesto orden declarando la ilegalidad de este tipo de cobros, que ahora son recuperables siempre que se cumpla alguna de estas dos condiciones: que haya tenido lugar en los últimos cuatro años o que la reclamación esté en curso.
El caso de la donación materna y los apuros del hijo para materializarla legalmente es solo uno más de los que han acudido al bufete Sirvent&Granados, colaborador habitual de DIARIO DE AVISOS, tras conocer que el Tribunal Constitucional (TC) dictó en octubre de 2021 una sentencia que hizo saltar por los aires, jurídicamente hablando, el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido popularmente como “plusvalía municipal”, declarando concretamente la nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley de las haciendas locales.
Como explica el especialista local Isaac Pérez, “el motivo de la inconstitucionalidad es que el sistema de cálculo del impuesto establecía la ganancia patrimonial mediante unos porcentajes anuales de revalorización que nada tenían que ver con el incremento del valor real”, y qué mejor ejemplo de ello que el caso destacado en el titular que acompaña a estas líneas. “La declaración de nulidad del TC supone que dichos artículos ya no se pueden aplicar”, añade Pérez antes de explicar que, ante el posible perjuicio que ello podría suponer para los ayuntamientos, el Consejo de Ministros aprobó a principios de noviembre del año pasado una nueva forma de cálculo” que se ha plasmado en un acuerdo del Congreso de los Diputados a este respecto y que tuvo lugar la semana pasada.
La polémica jurídica no ha quedado ahí, porque el propio TC la mantiene abierta al decir en su sentencia que “no puede revisarse lo que los ciudadanos hayan pagado de más si a la fecha en que publicaron su sentencia, 26 de octubre de 2021, el pago del impuesto ya era firme y no existía recurso posible. Pero dicha limitación perjudica el derecho de los ciudadanos a reclamar contra la Administración por los errores que ha cometido aplicando artículos que son inconstitucionales. Por ello, el Abogado General de la Unión Europea, emitió un informe, que se encuentra a la espera de ser ratificado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuestionando el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado español”, detalla el experto. Y, como es sabido, el porcentaje de fallos del TJUE concordantes con el informe del Abogado General es enorme.
Así las cosas, y considerando que los ayuntamientos canarios ingresaron unos 220 millones de euros en los últimos cuatro años a cuenta de dichas plusvalías, el aluvión de reclamaciones es inminente.
Perjuicio para las principales ciudades isleñas
Sobre el montante habitual de las cantidades ahora reclamables, oscilan por lo habitual entre 20.000 y 30.000 euros, pero hay algún caso de hasta 60.000. En cuanto a los municipios que pueden resultar más perjudicados, figuran las dos capitales y La Laguna, que suman cerca de 70 millones de euros recaudados por este concepto en los últimos cuatro años.
