El Consejo de Gobierno de Canarias en su sesión ordinaria celebrada este jueves, día 10 de febrero, acordó continuar con la desescalada moderada y progresiva de las restricciones ante el descenso continuado de la incidencia acumulada de esta sexta ola de la pandemia de la COVID-1. La medida aprobada, que se adopta tras evaluar el informe epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, contempla flexibilizar las restricciones de cada nivel de alerta sanitaria, de modo que a cada isla se le aplicarán las medidas en vigor correspondientes al nivel de alerta anterior al que se encuentre el territorio en cuestión.
Esta medida será de aplicación desde las 00:00 horas del 11 de febrero de 2022 hasta las 24 horas del 10 de marzo de 2022, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga en función de la situación epidemiológica.
El Consejo de Gobierno insiste en la importancia de continuar manteniendo la cautela ante la variante Ómicron y la presión asistencial que esta sexta ola ha provocado sobre el sistema sanitario del Archipiélago, que mantiene a todas las islas en el nivel de alerta sanitaria en el que se encuentran. El informe de la Dirección General de Salud Pública mantiene los niveles al continuar la capacidad asistencial en riesgo alto o muy alto en todas las islas a pesar de la reducción del número de casos diarios. Si bien la incidencia acumulada desde el 14 de enero ha experimentado un descenso continuado en el número de casos, con una reducción del 83,6 por ciento a 7 días; fue tal alta la transmisibilidad alcanzada que también esos indicadores continúan aún en riesgo alto.
No obstante, ese descenso continuado de la incidencia acumulada que se ha producido en las últimas semanas permite flexibilizar las medidas acordes a la situación epidemiológica actual.
Esta medida se acuerda a la vista de la evolución favorable de los indicadores epidemiológicos, y en aplicación de lo previsto en el artículo 22.4 del Decreto ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias, establece que “La autoridad sanitaria autonómica podrá acordar, de forma motivada, la aplicación de un nivel de alerta inferior al aplicable en un ámbito territorial determinado en función de su concreta situación epidemiológica, siempre que no se pongan en riesgo los intereses generales de intervención sanitaria contra la pandemia de COVID-19 y la preservación de la capacidad asistencial del sistema de salud”.
