La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha reclamado este miércoles “justicia” para los propietarios de las viviendas destinadas a este uso que se vieron afectadas por la erupción volcánica en Cumbre Vieja, en La Palma, pues están “discriminados” en el reparto de todo tipo de ayudas.
En un comunicado, ASCAV recalca que estas viviendas “son alojamientos turísticos reglados, cumplen con todas sus obligaciones legales y fiscales y están tipificadas como alojamientos extrahoteleros. Es decir, cumplen con todas las obligaciones, pero nadie cumple con ellas cuando más lo necesitan”.
Algo, esgrime la asociación, que “se pudo comprobar durante la pandemia”, cuando “prácticamente todos los sectores obtuvieron ayudas económicas por el parón, en especial el sector turístico, menos los propietarios particulares de viviendas vacacionales. Como si no hubiesen sufrido igualmente las consecuencias”.
Abunda en que si quedaron fuera fue “por el mero hecho de no estar dados de alta como autónomos o empresas”, un requisito que “no es obligatorio para desarrollar la actividad”, apunta, y añade: ” ¿cuántos pensionistas alquilan sus segundas viviendas como vivienda vacacional como complemento a sus rentas?”.
Ve “correcto” que “desde Europa y el Gobierno central las ayudas se pueden otorgar sólo a actividades empresariales”, pero se pregunta si desde la Comunidad Autónoma no se puede “prever un fondo” para este sector.
Ahora con la crisis del volcán en La Palma sucede “más de lo mismo”, denuncia ASCAV.
Incide en que se están sorteando “nada más y nada menos” que 20.000 bonos para alojamientos turísticos de 250 euros “a los que nuevamente no se podrán acoger los propietarios de viviendas vacacionales de la isla (más del 44% de las camas turísticas totales), como si no se hubiesen vistos afectados por el volcán”.
“El motivo es que nuevamente sólo se pueden acoger profesionales, es decir, autónomos y empresas que además dispongan de medio de pago por TPV. El resultado es que sólo se van a poder adherir una mínima parte de los establecimientos, los de siempre”, lamenta la asociación.
Indica que son 859 las viviendas vacacionales que están directamente afectadas en los municipios de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte de un total de 1.547 que existen en La Palma.
“Estamos hablando en muchos casos de familias que no solo han perdido sus hogares, sino también su única o principal fuente de ingreso”, esgrime.
ASCAV revela que ha mantenido contacto con el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, quien se ha mostrado “receptivo” para paliar “la acuciante situación que sufren muchas familias”.
La asociación también ha solicitado una reunión con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, “que aún no está ni siquiera agendada”.
ASCAV es “plenamente consciente” de la “máxima prioridad” que tienen aquellas familias que se han quedado sin sus hogares, pero vela por que los propietarios de viviendas vacacionales “no sean nuevamente los grandes olvidados en este drama que vive La Palma”.
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