
Representantes de CCOO y UGT de Canarias se han encerrado este viernes en las dependencias de la Jefatura Provincial de Correos de Tenerife para protestar por la reconversión y el “desguace” del servicio postal público.
Este encierro se enmarca en las movilizaciones que los sindicatos mayoritarios están llevando a cabo bajo el lema ‘Salvemos Correos’ y que tiene en el horizonte más inmediato la convocatoria de huelga general del próximo 1, 2 y 3 de junio.
CCOO y UGT denuncian en una nota “la política de abandono” del servicio público postal y de Correos, que ha provocado el “desplome” de la carga de trabajo y a una “situación insostenible económicamente” con unas pérdidas de casi 600 millones de euros desde 2019, si se suman los 100 millones en negativo del ejercicio 2021 y un déficit estructural que lo sitúa al borde de la quiebra técnica.
“Esta política de desguace intencionado de la mayor empresa pública de este país por parte de su presidente ha tenido como consecuencia directa la implantación de un modelo de empleo basura, con altas tasas de precariedad laboral en la plantilla de la mayor empresa pública del país, con más de 10.000 puestos a tiempo parcial, lo que supone más del 20% del total de la plantilla”, comentan.
Correos de Tenerife
Por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife la tasa de empleo a tiempo parcial es del 22%, muy similar a las del resto del Estado.
El deterioro del servicio postal público es “cada vez más evidente” en la provincia de Santa Cruz de Tenerife a consecuencia de la política de desmantelamiento del servicio público postal y de Correos, el hundimiento de su actividad, y la precarización del empleo y de las condiciones de trabajo, denuncian ambos sindicatos.
En su opinión, el presidente de Correos y el Gobierno “han demostrado muy poco interés por el diálogo social, el consenso y la participación de los representantes de los trabajadores y trabajadoras de Correos, desoyendo a la mayoría sindical que representa al 76% de la plantilla, que exige una negociación real y efectiva sobre el modelo postal público, su financiación y viabilidad, provocando la ruptura unilateral del diálogo social y la imposición de medidas laborales que han aumentado la conflictividad y la judicialización de las relaciones laborales en Correos”.
Ambas organizaciones exigen al Ejecutivo central un replanteamiento sobre el futuro del operador postal desde un modelo de servicio público de calidad para la ciudadanía del país, “contrario a la hoja de ruta de desmantelamiento del operador público seguida desde hace tres años por el presidente, Juan Manuel Serrano.