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Santa Cruz ha solicitado la declaración de desamparo para 19 menores

El equipo de Infancia y Familia del IMAS hace seguimiento a 509 menores vulnerables, de los que 90 están en riesgo
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13-04-2016 santa cruz de tenerife edificio del instituto municipal de atencion social IMAS

La declaración de desamparo de un menor implica separar al niño de su familia, alejarlo de aquellos que, por las cuestiones que sean, no pueden o no saben cuidar de él. Es la decisión menos deseada y antes de tomarla, las distintas administraciones aplican todo un protocolo dirigido a evitar ese último paso en la protección del menor. En Santa Cruz, el área de Infancia y Familia es la encargada de hacer el seguimiento de los menores más vulnerables, un trabajo en el que, en lo que va de año, ha finalizado con la declaración de desamparo de cuatro menores por parte del Gobierno de Canarias, a solicitud de los servicios sociales de la capital. Otros 15 niños están a la espera de la resolución de esa situación de desamparo que se ha solicitado entre 2021 y 2022.

En todo Santa Cruz son 509 los menores que se consideran que están en una situación de vulnerabilidad, lo que hace que estén bajo la atenta mirada del Negociado de Infancia y Familia del IMAS. De ellos, 345 se encuentran en fase de diligencias previas, o lo que es lo mismo, se están valorando sus circunstancias personales, familiares y de su entorno, para proceder o no a la incoación del procedimiento de la declaración de riesgo. Esto último ocurre cuando el menor se está viendo perjudicado en su desarrollo familiar, personal o educativo, obligando a la intervención de la administración. En la capital son 90 los menores que ya cuentan con un expediente abierto para declararlos en riesgo, mientras que 69 ya están están en esa situación.

Que un menor sea declarado en riesgo supone que el Ayuntamiento interviene de forma directa con las familias, con un programa que marca unos objetivos a conseguir, proporcionándoles herramientas y poniendo a disposición de la familia recursos como los Centros de Día o las Escuelas Infantiles. En el caso de Santa Cruz, en estos momentos hay dos menores con propuesta de archivo del expediente de riesgo y tres más en el que se ha cesado la intervención, bien por que han disminuido los indicadores de protección o se dan otras circunstancias como un cambio de residencia o cumplen la mayoría de edad.

Un ejemplo de este camino es el que siguió el menor que, hace unas semanas, apareció en Santa Cruz en condiciones deplorables, desnutrido, desorientado, y solo en la calle. El menor fue declarado en desamparo por la vía de emergencia, pero, antes, había realizado un largo periplo dentro de los servicios sociales de Santa Cruz, tal y como consta en los archivos del IMAS. Desde que su familia se trasladó de Madrid al municipio chicharrero, se había iniciado un seguimiento del chico después de recibir los informes de los servicios sociales de la capital de España. Seguimiento que se tradujo en citas con la madre, a las que casi nunca acudía, ayudas de alimentos o gestión de ayudas económicas. Acompañaron a la familia desde 2020, un proceso en el que se acabó por declarar al menor en riesgo, lo que llevó a activar un plan de actuación con su madre, que no llegó a concretarse por falta de colaboración.

No fue hasta que se comprobó que el niño no comenzó el instituto cuando se recurrió a la Fiscalía de Menores en enero de este año, para que forzara una comparecencia de la madre, a la que acudió con su hijo el 10 de febrero, con el objetivo de incorporarlo a las clases. Aunque se comprometió a ello, no cumplió. Se le dieron seis citas, a las que nunca acudió, por lo que el 17 de marzo se acuerda con la Fiscalía de menores la localización policial de la madre si no acudía a la siguiente cita. Finalmente la policía acabó encontrando al menor en la situación ya descrita. El 24 de marzo se declaró el desamparo del menor.

La concejala de Acción Social de Santa Cruz, Rosario González, defiende que “el procedimiento funcionó y la coordinación se hizo, aunque el desenlace no fue el deseado”. Recuerda que los pasos de la intervención los marca la Ley del menor, y que “aunque puede haber un procedimiento de urgencia, como en este caso”, la administración está obligada a seguir lo que marca la ley.

“La prevención de los servicios del Ayuntamiento de Santa Cruz es fundamental”

González defiende que “es muy importante la labor que se hace desde el Ayuntamiento que es previa a que se declare el desamparo, sobre todo en lo referente a prevenir que un menor, digamos, se separe de su núcleo familiar, y hacemos un trabajo constante con los equipos de Riesgo y de Infancia y Familia, a través de servicios como los Centros de Día y de otros recursos que también ponemos a disposición de los menores”. Recuerda que la declaración de desamparo le corresponde al Gobierno de Canarias y que “nosotros solo podemos solicitar que se tome porque, dados los informes, es lo mejor para el menor, pero es el Gobierno el que declara el desamparo”.

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