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Marta Arocha: “Espero que en 10 o 12 meses despegue la Dependencia en Canarias”

La directora general de Dependencia del Gobierno canario apunta que Canarias parte de una situación de abandono total del sistema durante 13 años

Uno de los temas que más preocupa a la sociedad canaria es la Dependencia. Encabeza cada año la mayoría de las quejas que llegan a la Diputación del Común, debido a que en los 16 años de vigencia de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia nunca se ha tomado en serio, en unas ocasiones argumentando falta de financiación; en otras, no saber abordar los entresijos de un sistema complicado o por falta de personal estable o de voluntad política.

Marta Arocha volvió de nuevo a coger la responsabilidad de la Dirección General en enero de 2022 con más impetu, experiencia y recursos económicos y de personal que en 2016, en un Ejecutivo que tiene voluntad por mejorar esta área. Lleva 100 días al mando. No niega la realidad, hay 24.000 personas en las listas de espera, demandantes y familias que sufren, que faltan por atender, pero ahora incluso el personal -que ha estado vilipendiado y que ha sido cabeza de turco del nulo avance en 15 años- ve los frutos de un ímprobo esfuerzo. Solo faltaban más trabajadoras sociales, valoradoras y administrativas, estar más organizadas y ser lideradas por alguien que tuviera claro el camino a seguir. Ahora ha accedido a conversar con DIARIO DE AVISOS sobre esta delicada cuestión.

-¿Cómo valora la situación actual de la Dependencia en el Archipiélago?

“Tenemos una situación complicada. La Dependencia se inicia con la promulgación de la ley, y de eso han pasado más de 15 años. Canarias parte de una situación de abandono total del sistema de la dependencia durante 13 años, y empieza a remontar en esta nueva legislatura. Hay que hacer un análisis profundo, centrarnos en el último año es un error. El informe del Observatorio Estatal para la Dependencia de 2021 nos coloca a la cola, pero hay que decir que Canarias está remontado la situación. En el mes de marzo batimos el récord de personas atendidas en el sistema: en números brutos a 1.100 personas, y se acreditan con certificados del Imserso, son datos reales y oficiales. En este momento, la situación es de despegue, entre enero y marzo se ve perfectamente la progresión. En enero se dieron unas 300 altas, que era una media buena de cualquier mes anterior; en febrero, más de 600; en marzo, 1.100, y al finalizar abril mantenemos aproximadamente ese número de altas. Nos tomamos muy en serio el trabajo porque lo hacemos para las familias y personas especialmente vulnerable, que merecen un trato digno, y también porque la dependencia y su sistema generan empleo: por cada millón de euros invertidos conseguimos 30 puestos de trabajo, sobre todo femenino, para ayuda a domicilio, centros asistenciales, centros de día…”

-¿Cuántas personas atienden y cuántas están todavía en el limbo de las listas de espera?

“Tenemos 27.736 personas atendidas en Canarias y más de 24.000 esperando (14.000 que ya ha presentado su solicitud, y aproximadamente 10.000 a la espera de que se les conceda su derecho). El despegue se da en las dos líneas en las que se trabaja en Dependencia. La primera va desde que las personas presentan la solicitud hasta que se dictamina su grado de dependencia (I, II o grado III) y una segunda que va desde el dictamen hasta que se le concede su derecho, el denominado Programa Individual de Atención (PIA). Ambas listas de espera están siendo trabajadas de la misma manera y en las dos hemos conseguido atender en marzo a más de 1.000 personas, se han reconocido un millar de grados de dependencia y a otras mil se les ha reconocido su PIA. Esta Dirección General es evaluada mensualmente, y eso es magnífico, los datos son abiertos. El Imserso dice cómo se ha trabajado, y esto debería ser transportable a todas las áreas del Gobierno. Hay dos datos fundamentales en las estadísticas del Imserso, que son el número de beneficiarios y el número de prestaciones, y no coinciden porque un beneficiario puede tener más de una prestación. En estos momentos en Canarias tenemos 27.736 personas con PIA y tenemos unos 30.000 beneficiarios. Mi modelo ideal sería tener una teleasistencia con otra prestación más, es decir, con una prestación económica, o una ayuda a domicilio. Aspiramos a que todos los canarios y canarias que tengan la Dependencia reconocida dispongan de una teleasistencia”.

-¿Es un fracaso del sistema que fallezcan personas sin recibir ninguna prestación?

“El sistema funciona, y lo vemos en otras Comunidades; donde no ha funcionado, hasta este momento que hemos empezado a despegar, ha sido en Canarias. Es como consecuencia de una dejadez total y absoluta de los que nos precedieron, y eso ha quedado en evidencia porque hemos llegado y hemos empezado a cambiar las cosas. El año pasado se dieron 3.784 resoluciones de grado, en el año 2020 fueron 463. Donde hemos conseguido despegar es en las resoluciones de PIA: en 2020 y 2021 con 1.700 o 1.500 fueron lo máximo que se consiguió, y en lo que llevamos de 2022, entre enero y marzo, tenemos 2.045 prestaciones, más ya que en un solo año anterior. Aspiramos a continuar manteniendo los datos, estar sobre 1.000 o 1.100 PIA mensuales durante todo lo que resta de legislatura. Todavía quedarán al menos dos años más para dejar una situación normalizada.”

-¿Siempre habrá una lista de espera?

“Sí, siempre habrá una lista de espera de PIA, al nutrirse de la lista de grados, así que si damos mil grados añadimos mil personas a la lista de espera de PIA. Es verdad que la lista general ha bajado, en diciembre teníamos 26.000 personas esperando entre grado y PIA, ahora tenemos 24.000, pero no podemos olvidar que siguen entrando solicitudes, mensualmente 500 nuevas. También es verdad que fallece gente al ser un sistema vivo, que fluctúa y que trabaja con personas con edad avanzada. Espero que en 10 o 12 meses veamos ya el despegue real de la dependencia en Canarias. Si seguimos con estos datos es evidente, el mayor número de altas en el sistema fueron 500, ahora estamos duplicándolas con 1.100 en marzo, tenemos que seguir con esa dinámica. Es importante también que hemos hecho un encargo a un medio propio, a la Fundación Canaria de Acción Social (Fucas), que nos ha permitido contratar a 18 trabajadoras en el total de la Comunidad, nueve en cada provincia, y más personal administrativo que nos ayuda con esas propuestas. Ha habido que formarlos y comenzará a traducirse su trabajo en más personas atendidas”.

-¿Cómo se encontró la Dirección General?¿Ha vuelto a ver los mismos problemas de antaño?

“La Dirección General de Dependencia en este momento está ordenada, las solicitudes que entran se gravan, sabemos exactamente la solicitudes que tenemos, los grados también están ordenados, los equipos de valoración en su sitio y las valoradoras están valorando los grados, no tenemos movimiento de personal de un lado a otro y, lo más importante, las trabajadoras sociales están dando PIA, porque antes no había trabajadoras sociales suficientes. Gracias al esfuerzo enorme del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Servicios Sociales y de la Dirección General se han podido conseguir trabajadoras sociales que son fundamentales. Si esta Dirección General fuera un hospital, imagínense un hospital sin médicos, sería impensable, pues no tenía trabajadoras sociales y, por lo tanto, el sistema no podía crecer. Por tanto, creo que se está siendo muy agresivo en el debate político en materia de Dependencia. Es un momento muy importante en Canarias, es el momento del despegue real. Es el momento en el que se han unido las circunstancias para que podamos atender a un mayor número de personas. No tengo miedo, estoy rodeada de un equipo de trabajadoras que son magníficas, están súper comprometidas y muy contentas de los avances que estamos consiguiendo”.

-¿Qué ha faltado: mayor presupuesto, trabajo, estabilidad del personal…?

“Creo sinceramente que ha faltado voluntad política. Le pongo un ejemplo muy determinante, los carteles que estaban en la puerta ni siquiera identificaban a la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, se cambiaron hace dos semanas. En este momento ha habido un cambio de voluntad política y se consigue contratar a personal, se hace un encargo con una fundación que nos permite impulsar los programas individuales de atención. Hay voluntad también para dar mayor financiación económica, cabe recordar que anteriormente se devolvía dinero al Ministerio. No podemos olvidar que el Gobierno de Mariano Rajoy en materia de Dependencia hizo dos cosas gravisimas. Por un lado, quitó una parte importantísima de la financiación, que se recuperó el año pasado llegando a este Gobierno regional ocho millones de euros extra en materia de Dependencia. Y, por otro lado, quitó la cotización a la Seguridad Social para la prestación económica para el entorno familiar (Pecef). Es la que ha saltado al debate político y, siendo verdad que la cantidad que corresponde hay que mejorarla (387 euros), también permite a un montón de mujeres que han estado abandonadas y sin ningún tipo de reconocimiento recibir una pequeña cantidad económica y, lo más importante, cotizar a la Seguridad Social. Hay que dar valor a esta prestación que es muy criticada y que no se ha dado durante un montón de años, ni siquiera eso se les daba a las familias”.

-Con la Pecef se reconoce el cuidado familiar oculto.

“Cierto, ese llamado cuidado informal. Las mujeres han estado manteniendo durante un montón de años el sistema de la dependencia. Hay que mejorar su importe, por supuesto. Otras comunidades también la entregan: Andalucía, a más de 77.000 beneficiarios; Valencia, a más de 82.000; Madrid, a 39.000; Castilla y León tiene 30.131 y País Vasco, 34.400, por las 10.535 Pecef de Canarias. Me gustaría que supieran los que la critican sin conocimiento que en muchas ocasiones esta prestación se abona con carácter retroactivo y llegan a cantidades que pueden rondar los 10.000 o 12.000 euros. Nos han llamado mujeres llorando agradecidas, porque por una vez y en un momento de la historia de la Dependencia se les reconoce su esfuerzo. Por lo tanto, no podemos tomarnos las cosas con esa falta de conocimiento, con un ataque continuo cuando el sistema empieza a resurgir y a atenderse a las personas. Por otro lado, la prestación vinculada al servicio (solo llega a 750 euros) genera muchísimo empleo. Permite a las familias contratar un recurso privado, una residencia, un centro de día o una ayuda a domicilio. Es verdad que hemos priorizado las prestaciones económicas, pero eso no significa que vayamos a abandonar el resto. Queremos que los grados III, los mayores dependientes, tengan su plaza y reciban una atención residencial, y estamos trabajando conjuntamente con los Cabildos para que pueda ser posible. Ahora, las prestaciones son ampliamente compatibles, y podemos dar una ayuda económica con un Centro de Día, con una teleasistencia o con una ayuda a domicilio”.

-¿Cree que no se ha valorado la formación específica del personal? Se ha llegado a contrataciones puntuales durante tres o seis meses, o a desplazar personal en comisión de servicios al área y no ha funcionado.

“Ese es uno de los grandes problemas que tiene esta Dirección General, su personal es muy específico, y lo reivindico continuamente en Función pública. En esas dos grandes fases, la primera la componen valoradoras, y además su trabajo pasa después a un equipo técnico (formado por un médico, un psicólogo y un trabajador social) que debe determinar el grado de dependencia de cada persona. Luego está la parte que hacen exclusivamente las trabajadoras sociales, que son las que determinan el PIA en base al grado que tiene asignado cada una de las personas. A estas profesionales hay que darles un periodo de formación importante, al menos de dos meses, y más con la aprobación de la ley de Servicios Sociales de Canarias en 2017 que ha permitido la compatibilidad de muchas prestaciones. Tienen que conocer muy bien la legislación, hacen un trabajo muy minucioso y son resoluciones muy elaboradas. Ha costado mucho conseguir casi las 200 personas que trabajan en la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, y ya tenemos 50 trabajadoras sociales propias, una cifra que nunca antes habíamos tenido, y otras 18 más por la encomienda a la Fundación Fucas, nueve en cada provincia. Todo el mundo ha trabajado muchísimo durante tanto tiempo, pero eran tan poquitos que no avanzaban. Necesitamos que se incorporen en la relación de puestos de trabajo. Tenemos que conseguir que se queden de forma estable o estamos perdidos”.

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