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Mil vecinos nuevos cada año en Granadilla y ni una vivienda pública en una década

Granadilla lidera en Tenerife la demanda de un techo para vivir, mientras se ‘okupan’ edificios semiabandonados y varias parcelas en San Isidro esperan una construcción de VPO que se eterniza
Mil vecinos nuevos cada año en Granadilla y ni una vivienda pública en una década

“Las autoridades obligan a 50 personas abandonar las 41 viviendas ocupadas de ‘El Barco’ (2017). “La Guardia Civil derriba la puerta y desaloja a 17 personas en San Isidro” (2018). “Ejecutan un desahucio a pesar de que la afectada saldó la deuda y se encuentra en coma” (2021). “Paola se atrinchera ante el desahucio de su piso alquilado hace ocho años en el edificio Las Acacias”. Y “La empresa Desokupa deja sin agua y sin luz a un centenar de personas en San Isidro” (2022).

Estos son algunos de los titulares que nos ha dejado la dramática situación habitacional que se vive en San Isidro, el barrio más populoso de Granadilla de Abona, el municipio que más ha crecido en número de habitantes en lo que va de siglo, en la última década a una media de mil habitantes por año. Sin embargo, desde 2011 no se ha construido una sola vivienda pública, a pesar de que el Ayuntamiento haya cedido suelo a tal efecto (3.300 metros cuadrados en Cuevas de Cho Portada y Poncela), una potestad del Gobierno de Canarias y en concreto de Visocan, cuyo gerente Víctor Nicolás González, reconocía hace unos días que “al contrario de lo que sucede con sanidad y educación, la vivienda nunca ha sido una prioridad para los gobiernos”.

Aunque la Constitución recoge que todos los españoles tienen derecho a una vivienda, sigue siendo un brindis al sol. Sin ir más lejos, sin contar a esos miles de jóvenes que no se pueden emancipar porque no pueden gastarse el 80 o 90% de su sueldo en un alquiler, en Canarias hay censados 18.000 demandantes de vivienda y el Gobierno de Canarias solo destina 17.5 millones de euros para alquiler social. Y aunque las buenas intenciones no faltan -basta con ver esa valla, precisamente en Granadilla, que recoge ‘Canarias para vivir. Plan de Viviendas 2020-2035”- lo cierto es que el déficit de viviendas sociales en Canarias es alarmante y el acceso al alquiler de vivienda privada es inasumible para casi medio millón de canarios en el umbral de la pobreza. Pisos, además, que se ponen en alquiler vacacional en los municipios turísticos y reducen la posibilidad del mercado a nuestros trabajadores. ”Hay trabajo, pero no hay dónde vivir”, reconocen los empresarios que buscan personal.

Sin vivienda pública

San Isidro es uno de esos ejemplos de zonas que han crecido en el extrarradio turístico como “ciudad dormitorio”. Casi 30.000 personas viven ahí, procedentes de todas partes del mundo. El crecimiento fue tal que la construcción no paró entre los años 90 y principios de siglo, hasta que llegó la crisis de 2008 y muchas constructoras quebraron dejando sin terminar una decena de edificios, algunos hecho como VPO (Vivienda de Protección Oficial). A pesar de ello, estos edificios acabaron en el denominado banco malo (Sareb) y de ahí a propietarios rusos, italianos o rumanos, que los adquirían ya con inquilinos u ‘okupas’ en su interior. No es extraño, por tanto, que se sucedan las ordenes de desahucio y lanzamientos judiciales, aunque en muchos casos, como ocurre en el edificio Las Acacias, medio centenar de personas pagan desde hace casi diez años su alquiler a una cuenta del Juzgado, como es el caso de la joven Paola y su hijo de 12 años, a quien han tratado de desalojar en cuatro ocasiones y precisamente el viernes pudo declarar ante la jueza, como era su deseo. Y mientras tanto, en la última semana hemos vivido un episodio singular. Sin orden judicial -los juicios están previstos para el día 17- cuatro miembros de la empresa Desokupa, venidos de Madrid, entraron de madrugada en el edificio Tabaiba, arrancaron, al parecer, tres de las cuatro puertas de entrada y clausuraron la subida a la azotea, después de, según los vecinos, cortar la red de agua de los bidones y las placas solares, colocadas por los ocupantes al no tener ni luz ni agua corriente.

Se calcula que en esa decena de edificios, casi todos situados en la zona de La Jurada, la más expansiva de San Isidro, hay unos 1.000 okupas, aunque desde el Ayuntamiento no nos saben decir exactamente cuantos de ellos son demandantes de vivienda en Servicios Sociales.

La concejala de Servicios Sociales, María de la O Gaspar, destaca “la importante demanda de vivienda existente en el municipio y una larga lista de espera, motivada por el aumento poblacional, la escasez de inmuebles de esta índole y las diferentes etapas de crisis económica, social y sanitaria de las últimas décadas”.

Reitera que ha mantenido diferentes reuniones con el Instituto de la Vivienda para pedir la construcción de este tipo de inmuebles, además de abordarse la compra de vivienda ya construidas en Granadilla, por parte del Gobierno de Canarias, para que se puedan poner en régimen de alquiler social.

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