Hace una semana el Ayuntamiento de Adeje ordenaba el desalojo de casi un centenar de personas que estaban asentadas con casetas y chabolas en el barranco del Agua, también conocido como el Camino de La Virgen, muy cerca del nuevo emporio turístico del municipio, La Caleta. A raíz de esa desocupación, Cáritas lanzaba la voz de alarma, al reconocer que entre esas personas había una treintena en situación de vulnerabilidad. Un reflejo más del aumento del sinhogarismo que se lleva produciendo en el sur de la Isla, y en concreto en los municipios de Adeje, Arona y Granadilla de Abona, en los últimos tiempos, acrecentado con la pandemia. Cáritas censó entonces a 1.800 personas sin hogar en la Isla, pero según José Antonio Díez, coordinador de la Unidad Móvil de Atención en Calle, de Cáritas, “en el próximo estudio que presentaremos en junio se verá un considerable aumento”.
Díez explica que la UMAC se dedica a la atención a las personas en situación sin hogar, que no cuentan con una residencia fija, que viven en calles, en cuevas, en espacios naturales y sobre todo en infraviviendas cayéndose a pedazos. “Normalmente suelen estar en espacios públicos y algunos llegan a acuerdos con propietarios de cuartos de aperos u obras abandonadas para subsistir”, comenta.
“Tras comenzar los primeros diagnósticos en la isla de La Palma, en abril de 2021 publicamos el primer estudio, aprovechando los efectos de la pandemia, y solo en Tenerife nos dio un resultado de 1.800 personas”.
Reconoce que el perfil de los ‘sintechos’ es el de una persona de mediana edad con problemas tóxicos, pero de igual manera señala que “tocamos todos los rangos de edades, incluso con menores dentro de unidades familiares, pero hay personas de hasta 80 años, aunque en la gran mayoría de casos se trata de personas solas”.
Lamenta que “el número de plazas ofertadas en albergues y centros para el sinhogarismo, a nivel regional, nacional o europeo no cubre ni siquiera la mitad de las necesidades. Al final, el problema es que le pedimos a la persona que deje su red de apoyo o seguridad y se desplace a otro municipio y empezar de cero, con un empadronamiento para recibir recursos de Servicios Sociales. Cáritas intenta apoyar, pero hay un problema grave de acceso a la vivienda y las administraciones no colaboran todo lo que debieran”, sentencia.
“Estamos -prosigue Díez- en ese proceso de dialogo con muchos municipios para crear centros de día, donde los usuarios puedan disponer de roperos, duchas, alimentación, pero también estas personas necesitan entrar en el mercado de alquiler y lo que ocurre es que quienes tienen una pensión mínima, en torno a los 400 euros, no les llega para alquilar y prefieren vivir en la calle, en un barranco o una cueva”. En este caso, Cáritas está en conversaciones con los ayuntamientos de Adeje, Arona y Granadilla, que “son los más representativos en el aumento de la demanda”, para lograr crear esos centros de día o albergues.
Sobre el último gran desalojo en Adeje -similar al realizado no hace mucho tiempo en la playa de Diego Hernández o en Las Galletas-, José Antonio Díez comenta que “entre toda esa gente que han desalojado del barranco del Agua, hay una mezcla de personas, unas con cierta capacidad de movilidad para desplazarse a otros lugares, y unas 30 que están sujetas a un proceso de vulnerabilidad que necesitan recibir atención de Servicios Sociales. De esas 30 tenemos una docena de casos, por problemas de salud, necesitan una mayor protección. Estamos en contacto con el Ayuntamiento. Es discutible legalmente que el Consistorio no pueda atenderlas, porque hay obligación de empadronarlos, un trámite básico que se inició con el inicio del estado de alarma”, recuerda el representante de Cáritas.
De los 1.800 censados hace un año, la gran mayoría sigue estando en el área metropolitana, entre Santa Cruz y La Laguna, con más de mil, “pero en solo seis meses, en Granadilla, Arona y Adeje el aumento del sinhogarismo ha sido muy significativo, con mayoría de personas procedentes del extranjero o de la Península que “al no tener aquí una red de apoyo, a raíz de la pandemia, han caído en el pozo”, aunque también hay “familias canarias que prefieren vivir en infraviviendas antes que trasladarse a otro municipio”.
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