La limpieza viaria en la capital tinerfeña centró ayer parte del debate entre oposición y gobierno local durante la celebración del Pleno municipal. La portavoz socialista, Patricia Hernández, abrió el fuego al denunciar que “Santa Cruz paga por un servicio de limpieza viaria que no está prestando”, una tajante afirmación que repitió varias veces y tras la que animó al Consistorio a llevarla ante la Justicia.
La ex alcaldesa defendió una moción, que finalmente fue rechazada, en la que instaba al Ayuntamiento a ejercer más medidas de control e investigación sobre la actual empresa adjudicataria Valoriza, mostrando papeles donde “barredoras y baldeadoras que se han comprado para esta empresa con dinero público no se han utilizado en seis años”.
En este sentido, indicó que “de los 17.000 kilómetros al año, como está en el contrato, que deben recorrer las barredoras para la limpieza de calles, solo ha hecho un kilómetro por hora a lo máximo. Algo que también ocurre con las baldeadoras, que de 94.550 kilómetros estipulados anuales solo han hecho 13.000, es decir, han recorrido menos de 250 metros en este tiempo”.
“Santa Cruz está sucia y los medios para paliarlo no se están usando,. Hay camiones fuera de servicio y lavacontenedores que ni se mueven de la empresa, pero ahora el Ayuntamiento va a comprar más vehículos a la empresa con el nuevo contrato que se ha anunciado”, subrayó Hernández.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, reprochó a la socialista que “siga acusando a los técnicos de esta casa de mentir, falsear documentos o abonar facturas sin justificar. Si cree que se ha cometido un delito vaya a Fiscalía y denuncie, pero lo que le pido es respeto”.
Pese a ello, el edil admitió que “es cierto que la ciudad tiene que estar más limpia y, por ello, se ha encargado un estudio externo que evaluará las necesidades reales en el municipio para reforzar el próximo contrato de limpieza municipal, donde se pasará de 3 a 9 zafarranchos semanales, habrán 230 trabajadores más y se implantará el contenedor marrón en todos los distritos”.
Tarife reconoció que “el actual contrato es deficitario, pero en el próximo, que se licitará en noviembre de 2027, se mejorarán y reforzarán medidas tras el estudio encargado al respecto”. Pese a ello achacó el déficit actual de la limpieza no a la dejación del servicio sino a los efectos del cambio climático, donde cada vez llueve menos, y a las conductas incívicas de ciudadanos. “Sigo insistiendo en que hay que realizar más inspecciones e imponer multas a quienes dejan las bolsas de basura en la vía pública y no dentro de los contenedores”, aseveró.
Por su parte, el portavoz de Vox, Alejandro Gómez, reiteró que “Santa Cruz está sucia. Algo falla en el actual contrato y, por ello, hay que ejercer medidas de control al respecto. No se justifica un contrato de más de 5 millones de euros en que la falta de limpieza se achaca al cambio climático”.
Plan General
Por otra parte, el Pleno también abordó el Plan General de Ordenación (PGO) del municipio, un documento que recogerá las bases del futuro urbanístico de la capital. La responsable de Urbanismo, Zaida González, anunció que se llevará al Consejo Rector de la Gerencia la aprobación de un nuevo cronograma, con plazos estimativos, para su entrada en vigor.
El PGO comenzó a redactarse hace ocho años, tras tumbar la Justicia el de 2013, y hasta la fecha se han barajado diferentes fechas para su aprobación, tal y como recordó la socialista Matilde Zambudio en la defensa de la moción. Por ello, el PSOE pidió elaborar un cronograma de plazos realistas, acordes a los trámites pendientes, “ya que la última fecha que dio el Ayuntamiento fue en noviembre de este año”.
Al respecto, la edil de Urbanismo aseguró que el nuevo cronograma se encargará a una empresa externa, aunque “no se fijarán plazos inamovibles, ya que la aprobación del PGO depende además de numerosos informes”.
Zona de Bajas Emisiones
La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) fue otro asunto a tratar tras la moción presentada por el socialista Florentino Guzmán, en la que instó al Ayuntamiento a hacer públicos los datos de control y repercusión que tendrá la ordenanza en el tejido económico y vecinal del centro de la ciudad, donde a partir de 2029 se restringirá el acceso al tráfico.
Guzmán solicitó, además, la creación de mesas de seguimiento con vecinos, comerciantes y entidades para ir “monitorizando” el impacto de estas medidas sobre la ciudadanía.
Aunque la moción fue rechazada, la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, recordó que “la ordenanza está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia por parte de dos asociaciones de vecinos y, viendo los antecedentes en otras comunidades, donde la normativa municipal ha llegado a los tribunales, lo más probable es que aquí caerá”. Además, subrayó que “llevamos cuatro años trabajando para diseñar la normativa más flexible y somos, de los nueve municipios de Canarias que tienen que implantarla, el único que la ha sacado adelante”.
Agua
El agua también entró a debate tras una moción del PSOE centrada en medidas para garantizar un suministro domiciliario estable tras los últimos cortes en la red municipal en varios puntos de la ciudad el pasado agosto. Al respecto, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, cifró en 24 el total de averías no programadas por Emmasa, doce en 2025 y doce en lo que va de año, lo que a su juicio “significa que un problema puntual no justifica medidas generales”.
No obstante, anunció que el Ayuntamiento se reunirá el 5 de octubre con el Colegio de Administradores de Fincas para ver soluciones, como destinar ayudas municipales, a aquellas comunidades de propietarios donde vecinos con pocos recursos tengan dificultades para garantizar una presión adecuada de agua en el interior de sus viviendas y necesiten obras en las instalaciones, como en el caso ocurrido en Cruz del Señor.
Cultura
Finalmente, el Pleno aprobó la integración del actual Organismo Autónomo de Cultura en la estructura municipal, con efectos a partir del 1 de enero de 2027, a fin de avanzar hacia un modelo de gestión más integrado, eficiente y coordinado de las competencias municipales en materia cultural.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, dijo que “la cultura mantendrá sus espacios, programas y servicios. Lo que cambia es el modelo de gestión, que permitirá una mayor coordinación con el resto de áreas”. Mientras, el concejal de Cultura, Santiago Díaz Mejías, afirmó que “vamos a fortalecer la actividad cultural municipal en el Sistema Bibliotecario Municipal, la Escuela y Banda Municipal de Música, el Museo de Bellas Artes, el Teatro Guimerá o el Templo Masónico, entre otros espacios”.
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