Unas 150 personas se concentraron ayer frente al edificio Iders, ubicado en la Avenida Betancourt y Molina, para exigirle al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz que haga algo con el inmueble, abandonado hace 31 años y convertido en “la auténtica vergüenza de la ciudad”.
Es la primera vez que vecinos, hoteleros y comerciantes de la zona se ponen de acuerdo y organizan una protesta pacífica para pedir una solución desde que el inmueble fuera desalojado en el año 1991 por aluminosis y peligro de derrumbe, aunque finalmente se demostró que no afectaba a su estructura.
Al grito de ‘basta ya’, con camisetas que rezaban lo mismo, y el acompañamiento de pitos y alguna corneta, los manifestantes pidieron durante dos horas que se ponga fin a los problemas de salubridad del edificio, al que definieron como “un auténtico basurero” del que además salen ratas y cucarachas, donde viven okupas y personas sin hogar, muchas de ellas con problemas de drogodependencias y salud mental que de forma constante se pelean y provocan incendios.
“Los vecinos de los edificios colindantes vivimos desde hace años una situación desesperante y queremos que esto acabe”, sostuvieron después que su portavoz leyera un manifiesto mediante el cual se solidarizó con las familias que perdieron sus viviendas y le requirió a los políticos “que gestionen bien los intereses generales de la ciudad” y “tomen decisiones que beneficien a todos los ciudadanos”. “Se lo podemos decir gritando, bailando, con música, pero hay una cosa muy importante, una imagen vale más que mil palabras y ahí lo tienen, está a la vista de todos”, dijo señalando al Iders.
De fondo, se escuchaba una estrofa del rap creado para el Iders “ante el silencio, la música paliando este desacierto, porque el edificio Iders es la vergüenza del Puerto“.
Media hora antes de finalizar la concentración, el alcalde, Marco González, se presentó en el lugar y se acercó a hablar con los vecinos que lo bombardearon a preguntas. La tarea no fue fácil porque tuvo que lidiar con varios frentes: por un lado, los residentes en la zona que exigen una solución a la situación actual, y por otro, los propietarios, que se niegan a aceptar la demolición y le reclaman al Consistorio que les devuelva su casa tras habérsela quitado “injustamente” hace 31 años.
“No tiene aluminosis”, insistieron varias veces. “Además, ¿si es tan peligroso, como sigue en pie después de 31 años?”, le cuestionaron al alcalde.
González dejó claro que “no iba a rebobinar 31 años para atrás. Acabo de llegar y voy a dar pasos para avanzar, porque retrocediendo no logramos nada. Estoy haciendo lo que jurídica y administrativamente se le permite al Ayuntamiento”, insistió. Tampoco culpó ni se refirió a ninguno de sus antecesores pese a que varios de los presentes lo hicieron de forma directa.
Simplemente detalló todos los pasos que había dado para resolver este asunto desde que llegó a la Alcaldía. Su única vuelta al pasado fue para recordar que años atrás, si el edificio se derribaba, solo se podía construir otro de seis plantas según las dos propuestas urbanísticas presentadas y avaladas por el Plan General de Ordenación de ese momento, y eso implicaba una pérdida importante para la propiedad. Pero con la Ley del Suelo y la declaración de ruina inminente se permite un nuevo edificio en las mismas condiciones que las actuales, afirmó.
Subrayó que un paso importante fue la declaración de insalubridad, que se inició el verano del año pasado cuando los técnicos de Salud Pública lo certificaron y ello permitió desbloquear la desinfección que reclamaban los vecinos del entorno. Sin embargo, las empresas con las que contactó el Ayuntamiento para acometer esta tarea exigían garantías de seguridad para acceder al edificio y ello derivó en la situación actual.
Apuntó también que antaño había 70 personas viviendo en el inmueble, un número que se fue reduciendo poco a poco hasta que solo quedan dos que serán desalojadas en breve dado que ayer llegó el auxilio judicial que autoriza al Ayuntamiento a tomar esta medida.
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