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Intervienen más de 1.300 kilos de fruta y verdura en Santa Cruz de Tenerife

Resultaba imposible demostrar la procedencia de los alimentos, la cual tiene como objetivo principal garantizar un consumo alimentario seguro para proteger la salud pública de los consumidores
Intervienen más de 1.300 kilos de fruta y verdura en Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) han intervenido un total de 1.350 kilos de fruta y verdura en Santa Cruz de Tenerife, concretamente durante la inspección de varias distribuidoras al por mayor.

El Seprona hace estas inspecciones de forma periódica para controlar los procesos de producción de productos vegetales como frutas y hortalizas que se comercializan en Canarias con el objetivo de asegurar la calidad y el buen estado de los productos.

Así, durante las inspecciones, los agentes pudieron comprobar que no disponían de la certificación fitosanitaria de los productos vegetales para su introducción en Canarias, ya que, en las facturas aportadas no figuraban los lotes y las cajas en las que se trataban de comercializar y además, o carecían de las correspondientes etiquetas identificadoras o las etiquetas eran erróneas al no coincidir con el producto señalado.

Por ello resultaba imposible demostrar la procedencia de los alimentos, la cual tiene como objetivo principal garantizar un consumo alimentario seguro para proteger la salud pública de los consumidores.

Conforme a estos hechos, los agentes intervinieron un total de 1.365 kilos de fruta y verdura –1.159,4 kilos de tomates, 96,8 kilos de pimientos rojos y 109,1 kilos de aguacates— que ya ha sido puesta a disposición de las autoridades administrativas y sancionadoras competentes en la materia.

De esta forma se notificaron a los propietarios de los establecimientos un total de seis propuestas de sanción, tres de ellas por infracción a la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, por no poder demostrar la procedencia de los productos alimentarios que se pretendían introducir en el circuito comercial de consumo humano y otras tres por infracción a la Ley 17/2011 de la seguridad alimentaria y nutrición por la ausencia de documentación o de registros o la falta de datos esenciales para demostrar la trazabilidad de los alimentos.

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