La consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, afirmó ayer que “con seguridad se va a aplicar la ley” de memoria histórica, en referencia a la retirada del conocido como Monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife. Manuela Armas, en declaraciones a los medios de comunicación, reiteró que la evidencia franquista de este monumento “es tan evidente que no necesita discusión”, si bien está recogido en el Catálogo de Vestigios Franquistas en Santa Cruz de Tenerife, donde se hace una descripción de este monumento de forma rigurosa.
Respecto a las reticencias del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, de retirar este monumento, señaló que “cada uno se muestra como es”, si bien insistió en que la ley hay que cumplirla “para reparar las heridas”. “Me asombra que en estas fechas todavía cargos públicos digan lo que dicen con toda tranquilidad”, manifestó, al tiempo que indicó que si fuera alcaldesa de Santa Cruz no necesitaría saber los vestigios que hay en Telde o en Las Palmas de Gran Canaria para quitar este monumento. “Nos avala la ley, el rigor de un catálogo con fundamento histórico”, agregó la consejera, quien admitió que siente vergüenza porque se produzca este debate en Santa Cruz de Tenerife.
María Isabel Navarro, la investigadora principal del catálogo de vestigios franquistas en la capital tinerfeña, comentó que es una contradicción que Bermúdez en 2018 le pidiera que asumiera un trabajo para el cumplimiento de la ley de memoria histórica y lo aprobase y ahora no quiera retirar los vestigios franquistas. “No es un capricho, es una obligación marcada por ley”, aseveró la investigadora, quien reconoció que se trata de un patrimonio “incómodo” que no tiene que ver con bandos y debe estar enfocado con la paz y no la guerra. La investigadora señaló que Santa Cruz de Tenerife fue un “instrumento de propaganda” y el escenario “más emblemático” del franquismo en Canarias, donde se produce un “abuso de olvido”.
Estas declaraciones tuvieron lugar en la firma de un convenio de cooperación entre el Gobierno de Canarias y la Universidad de La Laguna, cuyo fin es el desarrollo de investigaciones relacionadas con la aplicación de la ley de memoria histórica de Canarias, trabajos que conformarán el catálogo de vestigios franquistas de todas las islas. Este convenio tiene una vigencia de cuatro años y está dotado con una partida presupuestaria de 339.510 euros.
El viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Juan Márquez, destacó que el cumplimiento de ley “no es opinable” y no está a la voluntad de alcaldes o viceconsejeros. Es “de obligado cumplimiento”, remarcó.
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