El grupo de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de La Orotava presentó ayer una moción al Pleno para instar al Gobierno de Canarias a que retire el documento de avance del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide, con el fin de abrir un amplio debate con la ciudadanía en aras de garantizar el consenso en un asunto tan importante para Tenerife.
La propuesta, defendida por el portavoz de los nacionalistas, Narciso Pérez, fue apoyada únicamente por la concejal del Partido Popular (PP), dado que el resto de la oposición, PSOE y Asamblea por La Orotava, votó en contra y lo calificó de “oportunismo político”.
Los portavoces de estos dos últimos grupos, Víctor Luis y Aida Salazar, respectivamente, recordaron que se trata de un documento en el que se trabaja desde el año 2018 en el Cabildo de Tenerife, “y bajo mandato de CC”, y empezar de cero supondría retrasar todo el proceso.
A juicio de ambos, la única alternativa que contempla Coalición Canaria “es dilatarlo en el tiempo y posponerlo para la próxima legislatura y eso no parece serio, porque estamos en pleno proceso de participación ciudadana”.
Ambos coincidieron en que “no vale la utilización política para una propuesta tan sensible para la Isla”, por lo que propusieron que se trate en la comisión correspondiente y se elabore un documento que represente a toda la Corporación, pero CC no lo aceptó.
El debate sobre el PRUG se prolongó más de 40 minutos, en los que el alcalde, Francisco Linares, decidió pronunciarse, tal y como se contempla en el Reglamento del Ayuntamiento. Subrayó que La Orotava “se merece otro trato” al tener el 70% del Parque Nacional en su territorio e hizo hincapié en tres asuntos que afectan a la Villa y que el documento no recoge.
Uno es la seguridad, “que desde las dos de la tarde hasta las ocho de la mañana la lleva la Policía Local”, porque en ese horario “se queda solo”, razón por la cual pidió que el cuartel de la Guardia Civil vuelva a tener allí sede permanente. También solicitó que se haga un anexo al plan de recogida de residuos sólidos, un servicio que paga el Consistorio “con el dinero de los vecinos” y que, a su juicio, debería sufragar el Cabildo; y por último, un albergue público.
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